Reseñan atropellos cometidos en la administración de Torreblanca
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 32
Integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados del Estado de Guerrero se reunieron en Acapulco con Jasminka Dzumhur, Osman El-Hajé y Ariel Dulitzky, visitadores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes recorren el país para recabar información.
Entre 2005 y 2011 hubo al menos mil 694 víctimas de la violencia en Guerrero, entre ellos mil 318 ejecutados, 293 desaparecidos y 25 secuestrados, reseñó a los visitantes Javier Monroy Hernández, coordinador del Tadeco, quien criticó al gobierno de Guerrero por encubrir estos crímenes con un manto de opacidad
, al considerarlos un daño colateral
de la lucha contra el crimen organizado.
Los activistas demandaron al grupo de trabajo de la ONU intervenir ante el Estado mexicano para que se esclarezcan las incursiones militares efectuadas en comunidades de Petatlán entre 2009 y 2010, la detención del ecologista Javier Torres Cruz y el encarcelamiento de su abuelo, Anselmo Torres Quiroz. También pidieron que se revoquen las órdenes de aprehensión contra defensores de los derechos humanos, dirigentes y promotores sociales.
A su vez, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentó en Chilpancingo su informe 2010 sobre la militarización y la criminalización de la protesta social en Guerrero. Aseguró que el gobernador Zeferino Torreblanca, quien concluirá su mandato el próximo jueves, no pudo resolver ni los problemas más elementales
.
Manuel Olivares Hernández, coordinador de la red, resumió que durante los seis años del gobierno perredista se perpetraron agresiones y asesinatos contra militantes de la Organización de Pueblos Indígenas Mephaá y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, en el municipio de Ayutla; se ejecutó a 12 periodistas y dos desaparecieron.
Aseguró que desde 2005 se han presentado 300 quejas por abusos de militares. Además, pese a las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de 107 activistas, las amenazas aumentaron y seis huyeron del estado, mientras gran parte de los crímenes cometidos –entre ellos los de los activistas indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas– ni siquiera son investigados.
