La estrategia contrainsurgente en Chiapas, denunciada y documentada ampliamente desde sus inicios en 1995, no ha dejado de desarrollarse en los planos militar y económico, principalmente. Si bien parece hoy poco visible, la militarización activa se sostiene en las zonas indígenas. Las estrategias económicas, entremezcladas con programas institucionales que cambian de nombre, privilegios diversos y entrega de dinero, cumplen con los mismos fines.

La Jornada ha documentado recientemente en comunidades de las distintas regiones indígenas que los programas son más inmediatos y generosos cuando se dirigen a quienes defeccionan de la resistencia rebelde zapatista, y con prioridad algo menor a ex adherentes de la otra campaña. Indígenas priístas y de otras organizaciones afines al gobierno en los Altos, por ejemplo, se quejan de que todo es para los que eran zapatistas. Esto, mientras el gobernador reparte elogios y expresiones respetuosas a las juntas de buen gobierno y las comunidades autónomas.

En este contexto, un tribunal en Chiapas declaró este martes inocente de su participación en la masacre de Acteal al indígena Juan Pérez, tras 13 años en prisión. La resolución se basa en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinaba en 2009 que la Procuraduría General de la República falsificó evidencias para inculpar a Pérez. De los más de 80 paramilitares que pagaban condenas de hasta 35 años por su participación en la matanza en 1997, sólo permanecen presos 23 y podrían ser liberados pronto.

Al mismo tiempo, circula entre los periodistas un documento que deja mucho a la imaginación, empezando por quién es su verdadero autor. Fantasmalmente firmado por integrantes de organizaciones sociales de San Sebastián Bachajón, Mitzitón, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Chilón, Tonalá, Mapastepec y Pijijiapan (precisamente las comunidades y zonas donde la resistencia confronta al poder estatal y sus planes de inversión), nunca especifica de qué organizaciones se trata.

Reproducido en medios locales y con una redacción afín a las versiones de funcionarios de la Secretaría de Gobierno y las policías estatales, sus autores dicen haberse organizado desde febrero en lo que llaman la otra de la otra civil, en respuesta a la campaña mediática de la otra campaña EZLN (sic), que a través de sus redes sociales intentan desprestigiarnos y ponernos como carne de cañón contra el gobierno y contra la comunidad nacional e internacional, para sus más oscuros y abyectos fines de terror y muerte.

Mencionados en el pronunciamiento, pero evidentemente no consultados, los evangélicos de Mitzitón (confrontados con ejidatarios de la otra campaña por el proyecto de una autopista privada a través de sus tierras) respaldaron inmediatamente el texto en la página La Voz de los Mártires.

Según el escrito, los adherentes a la otra campaña no son nativos de aquí, vienen de otras entidades, auspiciados y apoyados logísticamente por grupos rebeldes, muchos de origen extranjero, cuyos propósitos están encaminados a crear la división entre nosotros para los avances de grupos guerrilleros y terroristas. Y advierten que a todo ataque de la otra campaña por Internet habrá una respuesta.

Respecto al conflicto en el acceso a las cascadas de Agua Azul (Tumbalá) atravesando territorio del ejido San Sebastián Bachajón (Chilón), allí se sostiene sin fundamento que los invasores intentan apoderarse de la zona ecoturística y del control de la caseta de cobro. Cabe mencionar que la caseta de cobro en San Sebastián fue establecida por los propios ejidatarios, que no quieren apoderarse de ella, sino recuperarla.

Los autores del texto dan a entender falsamente que ellos habrían sido los agredidos y que la caseta pertenece al ejido Agua Azul. También se describen proclives al diálogo con el gobierno, y sin desmentirla, responden a la acusación de paramilitares sosteniendo que “la otra campaña y el EZLN son un grupo militar, armado, violento, insurgente, terrorista y servil a los intereses del crimen organizado de la región”. El escrito se ostenta como oficial, pues concluye diciendo: Esperamos la comunicación, por este conducto, de la reunión con el secretario de Gobernación, según contestación de la oficina de la Presidencia de la República.