El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, manifestó su deseo de que el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia no se convierta en un mecanismo de censura o autocensura, mientras especialistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales confiaron en que dicha iniciativa sea útil, sin olvidar que los responsables de las agresiones son tanto los criminales como el gobierno.

Narro señaló que con el texto del acuerdo, los medios de comunicación deben contribuir a fortalecer la libertad de expresión y no traducirlo, de ninguna manera, en disminuir (la percepción) del problema de seguridad y violencia que existe en el país, que ha costado 36 mil vidas en los cuatro años recientes por la lucha contra el crimen organizado.

Son vidas que nos tienen que doler a todos. No importa si se trata de vidas de delincuentes, porque en un sistema de justicia lo que debería suceder es que quienes cometen delitos no terminen acribillados, masacrados o asesinados entre ellos mismos. En el fondo de todo, junto a la pobreza, la desigualdad, la falta de educación y de oportunidades, también hay un asunto que tiene que ver con la impunidad y eso no puede quedarse así, dijo en entrevista al término del acto en el que se firmó el acuerdo.

Por su parte, la investigadora Alma Rosa Alva de la Selva, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, advirtió que el derecho a la información y la libertad de expresión se ponen en riesgo con el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, pues incluye planteamientos ambiguos y limitantes de la responsabilidad social de los medios de comunicación.

La especialista aseveró que por encima del derecho a la información no cabe nada. La población tiene derecho a saber, y si en los medios de comunicación se matiza, nunca será en favor de la libertad de expresión.

Javier Esteinou, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, consideró que el pacto es una propuesta incompleta y más espectacular que una reflexión profunda de los problemas que se tienen que abordar en favor de la sociedad. Agregó que la propuesta debe completarse con análisis críticos elaborados por investigadores independientes y no por las propias empresas.

Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad nacional y criminología, coincidió en que el acuerdo está encaminado a disminuir la percepción social de que el Estado mexicano va perdiendo la guerra contra la delincuencia.

Sostuvo que siempre mira con sospecha cuando los oligopolios se juntan para tratar de gerenciar el flujo de información hacia el público. Hay que dejar que los medios de difusión simplemente emitan juicios, información fundamentada, bien motivada a través de expertos.

Por su parte, Omar Raúl Martínez, director de la Fundación Manuel Buendía, advirtió que en el acuerdo subyace un mero afán por uniformar la información y, a la postre, ir inhibiendo la crítica hacia la estrategia gubernamental en su combate al narcotráfico. El mensaje parece ser que se quiere ganar en los medios informativos lo que el gobierno federal está perdiendo a la luz pública.

Ahora, agregó, sería deseable que con el mismo ánimo todos los medios del país se comprometieran de manera más clara y detallada a adoptar acciones inmediatas y efectivas para instrumentar medidas de protección y capacitación a sus propios reporteros.

En contraposición, Omar Rábago, integrante del colectivo Artículo 19, estimó que el acuerdo es un paso importante, ya que ésta es la primera vez que tantos medios se juntan para discutir el tema de la violencia y ejercer un mejor periodismo en ese contexto, sin olvidar que los responsables de las agresiones no son únicamente los criminales, sino también el gobierno.