La Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que a pesar de los aumentos constantes al gasto educativo y de salud que ejercen los estados y la federación, los índices de calidad en la atención y el número de personas beneficiadas no corresponde a los autorizados por la Cámara de Diputados.

Detalló que aun cuando en 2009 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 200 mil 930 millones 557 mil 665 pesos, 23 por ciento de las escuelas no tenían agua potable, bancas o pizarrón; sólo 20 por ciento de los profesores obtuvieron certificación, y que por los resultados de las pruebas Enlace y Pisa, los alumnos sólo aprenden lo elemental.

Al continuar la revisión de la Cuenta Pública 2009, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara que prevalece un alto índice de deserción escolar, y que existe un alto grado de discrecionalidad en el manejo de los fondos federales para educación, seguridad y salud.

Detalló que en el gasto federalizado se encontró que en los fondos para el sistema educativo, apoyos sociales y de infraestructura para comunidades marginadas que estados y municipios utilizan los recursos para fines distintos a los autorizados, efectúan pagos no relacionados con la educación, no emiten comprobantes o bien las secretarías de finanzas no entregan los recursos a tiempo.

En materia de salud, resaltó que aún hay 9 por ciento de la población nacional que no cuenta con atención médica y que en el caso del IMSS y del ISSSTE sus pasivos continúan presionando las finanzas de ambas instituciones.

El auditor refirió que las irregularidades en el ejercicio del gasto no deben quedar impunes año tras año, y dijo que por ello se planteó a la Cámara de Diputados aprobar una ley que regule el gasto federalizado y separe éste de la Ley de Coordinación Fiscal.

Juventino Pineda, titular de la dirección de auditoría a los recursos federales en estados y municipios, dijo que las reiteradas irregularidades en el gasto se cometen en las entidades porque no hay castigo que impida la recurrencia de las observaciones año con año.

Los manejos discrecionales en los fondos a los estados generaron un debate. El diputado panista Daniel Ávila puso de ejemplo del uso discrecional de los fondos al estado de Yucatán. Refirió que la ASF encontró pagos a aviadores y comisionados del SNTE por 210 millones de pesos, pero como el gobierno (de Ivonne Ortega) devolvió el dinero antes del cierre de la auditoría, el dictamen salió limpio. Pero de todos modos, el delito se cometió.

Los priístas le respondieron que la única denuncia de hechos presentada por la cuenta pública fue al ayuntamiento de Atizapán, que gobernó el PAN. Y también hay irregularidades en los de Ecatepec e Ixtapaluca, que fueron gobernados por el PRD.