a incriminación del alto mando militar de Colombia durante el último mandato de Álvaro Uribe, incluido el ex ministro de Defensa y actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, acusados de asesinato en Ecuador por los hechos de Sucumbíos, aunada a la admisión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos de la querella presentada por Ecuador en contra de Colombia por la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla, vienen a ratificar el carácter terrorista de un régimen al cual, como señalamos en nuestra entrega anterior, la propia fiscalía colombiana acaba de exhibir como genocida.
La importancia de ubicar al régimen de Álvaro Uribe en la categoría de terrorismo de Estado –situación que se prolonga hoy en el gobierno oligárquico de Juan Manuel Santos– radica en que, al criminalizar a Lucía Morett mediante una fabricación político-judicial-mediática, ella no sólo no puede vivir en libertad, sino que corre peligro su integridad física y existe riesgo de que, de ser capturada, sea sometida a nuevas torturas. Un dato elemental es que Lucía Morett, sobreviviente del Sucumbíos, es una testigo de cargo clave en un eventual juicio penal internacional contra Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad.
De allí que adquieran carácter fundamental las revelaciones de la fiscalía colombiana que documentan las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el régimen Uribe-Santos. Al uso de las fuerzas armadas colombianas como ejército de ocupación en su propio país, que en colusión con narcoparamilitares, parapolíticos y contratistas de megaproyectos provocaron el desplazamiento forzoso de 4.9 millones de personas, se suman los falsos positivos
, como se conoce la macabra estrategia de asesinar civiles (indigentes, drogadictos, enfermos mentales, adolescentes de barrios marginales) para luego disfrazar sus cuerpos y presentarlos mediáticamente como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abatidos en combate
, y la aparición de sendas fosas comunes en el Meta, una en Macarena, detrás del batallón militar de zona, con 2 mil cadáveres en 2009, y otra en diciembre pasado con mil 505 personas NN. Además, en los tres años pasados se registraron 38 mil 255 desapariciones forzosas, figura que se compone de detención, secuestro, tortura, asesinato y desaparición del cadáver y se tipifica como crimen de Estado.
Conviene recordar que pese a resultar herida de gravedad en el bombardeo, después Lucía Morett fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por militares colombianos y ecuatorianos, y que los procesos penales que enfrenta (incluido un pedido de extradición de Ecuador a México) le dificultan ejercer plenamente sus derechos y su propia representación.
En ese contexto, y con base en un conjunto de evidencias del ataque en Sucumbíos (grabaciones, fotos, investigaciones judiciales, informes periciales, testimoniales de militares, necropsias y otros), hay que destacar que su caso es esencialmente político.
No se trata de un daño colateral
, porque las autoridades de Colombia sabían que el campamento de Raúl Reyes era de naturaleza diplomática
y podía haber civiles. Además, el ataque se dio sin que existiera una declaración formal de guerra ni justificación previa. Fue realizado con los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, y con uso excesivo de fuerza en una acción nocturna (cuando las víctimas dormían), con equipo sofisticado (bombas de fragmentación diseñadas para causar muerte o, en su caso, el mayor daño posible, y no con la finalidad de disuadir o lograr una rendición), a lo que se sumó el asesinato de sobrevivientes, de lo que la propia Lucía fue testigo.
Malherida y esposada, tras ser identificada como mexicana (los militares colombianos se quedaron con su pasaporte), sin asistencia de un abogado ni de personal consular fue sometida a un interrogatorio ilegal y extrajudicial por oficiales ecuatorianos, quienes, según se demostró después, estaban coludidos con los atacantes.
El interrogatorio se dio en medio de la extracción sin anestesia de una esquirla de 10 centímetros de largo por tres de ancho, y cuando sufría estrés postraumático resultado del bombardeo. Como demuestra un video militar, bajo intimidación, coacción y amenazas Morett fue atendida
al margen de todo protocolo ético, humanitario o estándar médico, y filmada desnuda, a pesar de sus protestas. La autoridad militar que la interrogó le provocó dolor y sufrimiento intencionales con la finalidad de obtener información y confesiones que la inculparan.
Con base en ello, Uribe y Santos construyeron la leyenda de que Lucía y sus cuatro compañeros mexicanos asesinados eran contactos
de las FARC y recibían entrenamiento
en el campamento, lo que fue desmentido por un cable de la embajada de Estados Unidos en México, fechado el 28 de marzo de 2008 y filtrado por Wikileaks a La Jornada, el cual consigna que estaban allí de visita
.
A la fabulación colombiana se sumó el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, José Troya, quien con inexplicable afán persecutorio insiste en solicitar a México la extradición de Lucía Morett, bajo la acusación de que cometió un delito contra la seguridad interior del Estado, previsto en el artículo 147 del Código Penal. Su único argumento es que se encontraba en un campamento militar de grupos irregulares
. Pero no puede acreditar que las FARC y Lucía buscaban subvertir el orden público, o sustituir o atacar a la fuerza pública de Ecuador. Su presencia allí no prueba nada ni constituye delito alguno, mucho menos contra el Estado ecuatoriano. Por ello México debe declarar improcedente la solicitud de extradición y reclamar el castigo de los culpables del asesinato a mansalva de los cuatro intelectuales mexicanos en plena formación.
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