La Secretaría de Gobernación (SG) inició la defensa jurídica de la cédula de identidad, cuya controversia (por la expedición del decreto que permite la toma de datos biométricos) analiza actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, confió en que los ministros le den la razón al Ejecutivo.

No le vemos ningún problema al asunto. El reglamento (impugnado) acota precisamente las facultades de Gobernación en la materia, en lo que hace a la toma de biométricos (imagen del rostro, iris de ambos ojos y huellas de los 10 dedos de las manos).

Con tal certeza, el funcionario de Gobernación señaló que será positivo el análisis de los ministros porque tras su resolución, el proceso de expedición de la cédula de identidad quedará fortalecido.

En la primera etapa, delineada previamente a la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, la Gobernación planeó el registro de casi 26 millones de menores de entre cuatro y 17 años de edad, previo consentimiento de los padres o tutores.

La polémica se ahonda porque no se ha definido cómo se registrará a los más pequeños y a cerca de 80 millones de adultos. Adicionalmente, los diputados que promovieron la controversia aseguran que no hay condiciones ni información clara y suficiente para garantizar la confidencialidad en el manejo de los datos personales.

El subsecretario Zamora señaló que las sugerencias en ese sentido –como la del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos– se refieren a acotar los datos biométricos que se van a tomar, porque la ley es muy abierta, de ahí que fue necesario emitir el reglamento.

El 29 de enero pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población, en el que además de agregar los datos biométricos, abre el registro –para la expedición de la cédula– a mayores de edad, incluso sin la toma de los datos biométricos. Estos puntos y la decisión de aplicar reformas con base en decretos firmados por el Presidente de la República irritó a legisladores y consejeros electorales.

El funcionario de Gobernación argumentó que con el decreto se evita la posibilidad de que en la cédula se pretenda agregar información adicional a la referida, tales como medidas físicas e incluso copia del ADN.

Llos ministros deberán resolver si queda en firme la legalidad de la toma de los tres datos biométricos que definió el Ejecutivo federal.

La defensa la vamos a centrar en la Constitución y en la propia ley, porque más allá de vulnerar derechos, el propósito de la cédula es precisamente el contrario: fortalecer la posibilidad del ejercicio pleno de la identidad, señaló en entrevista, realizada al término de una reunión privada en la Secretaría de Gobernación para abordar asuntos de seguridad.