Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) echaron abajo la pretensión del presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, de dictaminar la llamada miscelánea penal del presidente Felipe Calderón, en la que se plantean condenas hasta de 20 años a quien lesione, agreda, secuestre o asesine a funcionarios encargados de la seguridad pública, candidatos a puestos de elección, dirigentes partidistas, integrantes de organismos internacionales y diplomáticos.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, también integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que esta iniciativa del presidente Calderón no se discutió ahora porque queremos más tiempo para analizar a detalle los artículos y su contenido. Quedó pendiente por problemas de redacción y se requiere revisarla con cuidado.

El perredista Pablo Gómez, miembro de la Comisión de Justicia, detalló que en la reunión de la comisión la discusión del dictamen estaba prevista, pero no se discutió y quedó pendiente porque no se puede dictaminar una cosa mal hecha; se pospuso la discusión, y no hay una fecha programada para retomarla.

La iniciativa de Calderón también pretende imponer de cuatro a 10 años de prisión a quien acceda sin la debida autorización a información que describa instalaciones o formas de operación de instituciones de seguridad pública.

La pena se duplica si quien comete este nuevo delito se introduce sin autorización en las instalaciones de las instituciones de seguridad pública.

El panista González Alcocer presentó el dictamen y encontró que hay oposición del PRD y del PRI, debido a la redacción.

En la reunión de la comisión también se expresó que está pendiente que la Cámara de Diputados apruebe la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional, por lo que consideraron que es necesario que se apruebe esa iniciativa en San Lázaro para que se pueda avanzar en el paquete completo.

González Alcocer dijo que la iniciativa desde el principio ha tenido problemas. No hay consenso, y aunque la intención es buena, está mal redactada. Esto nos ha metido en problemas y la podremos sacar más adelante.

Abundó el panista: “el argumento de PRD y PRI es que no está depurada la técnica legislativa para la determinación de los tipos delictivos; por ejemplo, se dice ‘de funcionarios partidistas’, cuando no es lo mismo que funcionarios que combaten la inseguridad. Tenemos que mejorarla”.

Se le preguntó si lo anterior no implicaría una diferenciación en materia de seguridad, una para los ciudadanos y otra para los funcionarios.

Respondió: no, en absoluto. Se busca proteger a los funcionarios, porque cada vez hay más atentados hacia estos funcionarios que se están jugando la vida. Faltan figuras que los protejan. Hay que pulirla.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el panista Felipe González, manifestó: “la iniciativa presidencial busca que los delincuentes no atemoricen a las autoridades, porque a través de las amenazas buscan impunidad.

Ese es el espíritu: protección para autoridades, tenemos casos de jefes de policía que se han ido a vivir a Estados Unidos porque los balearon, ya sea en sus casas o en sus automóviles.