La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS), que encabeza Javier Lozano Alarcón, informó ayer que el Consejo de la Judicatura Federal negó otro amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros en torno a la huelga de Cananea.

La dependencia puntualizó que esta instancia federal resolvió negar el recurso que había promovido este gremio contra la extinción de las relaciones de trabajo en Cananea.

Incluso señaló que luego de esta resolución, la huelga estallada por ese sindicato ha dejado de tener efecto.

El citado amparo fue interpuesto por este gremio, luego de que el pasado 4 de junio de 2010, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó que al no existir relaciones de trabajo en la mina, debía concluir la huelga estallada por el sindicato minero en julio de 2007.

Por lo anterior, el sindicato minero se amparó ante el citado resolutivo.

También recordó esta secretaría que el 14 de abril de 2009 la JFCA declaró terminadas las relaciones de trabajo, así como el contrato colectivo de trabajo que existía entre la empresa Mexicana de Cananea y el sindicato minero.

Según justificó la STPS, la resolución se tomó al haberse acreditado la destrucción y daños ocasionados a la mina durante una huelga que se prolongó por casi tres años, lo que constituyó una causa de fuerza mayor no imputable al patrón y sostuvo que la resolución de la JFCA fue validada en todas las instancias por el Poder Judicial federal, y que el sindicato ya agotó, sin éxito, todos los recursos jurídicos a su alcance, incluso la revisión y reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La dependencia recalcó: Inconforme con esta determinación, el sindicato minero interpuso un juicio de amparo del que conoció el juzgado quinto en materia de trabajo del Distrito Federal, el cual celebró la audiencia constitucional el 23 de diciembre de 2010 y el día de hoy, después de casi tres meses de analizar el asunto, publicó en su lista de notificaciones el resultado de dicho juicio de garantías, en el que resolvió negar el amparo y protección de la justicia federal al sindicato minero; no obstante, reconoció que al gremio todavía le quedan recursos legales en este caso.