En Estados Unidos está a discusión un preocupante número de iniciativas que estigmatizan y culpan indebidamente a los migrantes de los problemas sociales de ese país, señaló ayer la embajada de México en esa nación.

La representación diplomática indicó que, aun cuando diversas legislaturas estatales estadunidenses han reconocido que la solución a ese fenómeno se encuentra en el ámbito federal y han estado desechando proyectos de ley de corte antimigrante –sea por decisión propia o como resultado del cabildeo de la sociedad civil–, persiste un elevado número de propuestas de ese tipo.

Las más graves, de ser aprobadas y entrar en vigor, violentarían derechos inalienables, protegidos por disposiciones jurídicas internacionales y consagrados en la Constitución estadunidense. Además abrirían la puerta a criterios de discriminación racial en la aplicación de la ley, y solamente criminalizarían el fenómeno migratorio, advirtió la embajada.

Planteó que por esa razón el embajador mexicano en esa nación, Arturo Sarukhán, llevó a cabo en Atlanta, Georgia, una reunión de coordinación de acciones en la materia con consulados del país en el sureste estadunidense.

En el encuentro participaron representantes diplomáticos del gobierno mexicano en Indianápolis, Kansas City, Miami, Nueva Orleáns, Orlando, Raleigh, Atlanta y la sección consular en Washington, así como el director general de protección a mexicanos en el exterior y el director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior.

Al igual que el año pasado, con la representación en Arizona, el objetivo de la reunión fue revisar y fortalecer la estrategia que despliega el gobierno de México para defender los derechos de los connacionales frente a iniciativas contrarias a sus derechos e intereses.

En un informe, la cancillería detalló que frente a propuestas contrarias a las garantías de los migrantes mexicanos que se presentan en Estados Unidos, la estrategia que ha desplegado el gobierno de México incluye la colaboración estrecha con diversos sectores de la sociedad civil estadunidense: empresariales, religiosos, comunitarios, académicos y líderes de opinión.

De igual manera, se difunde información sobre los efectos de ese tipo de leyes, se llevan a cabo análisis jurídicos sobre las acciones de litigio viables contra propuestas antimigrantes y se instrumenta un plan de acción integral de protección, que amplía los servicios consulares y de asesoría jurídica.

El gobierno de México se mantendrá respetuoso de los procesos legislativos en Estados Unidos, continuará atento al desarrollo de esas iniciativas y ratifica su compromiso con la protección de los derechos de sus nacionales, independientemente de su condición migratoria, sostuvo la representación.