Nueva York, 14 de marzo. La transparencia, cuando no es autorizada por los gobiernos, deviene, aparentemente, delito intolerable.

El acusado de filtrar documentos oficiales a Wikileaks está encarcelado, en aislamiento, obligado a desnudarse y despertado continuamente durante la noche; Julian Assange, director de Wikileaks, quien difundió esos textos, está bajo acoso judicial emprendido por gobiernos de tres países y recibe amenazas de muerte de políticos estadunidenses; algunos de sus defensores han sido amagados con iniciar investigaciones en su contra, y este fin de semana el veterano portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, ha sido despedido.

La mayor filtración pública de documentos diplomáticos oficiales estadunidenses en la historia, y su difusión por Wikileaks, al parecer son consideradas por las autoridades de ese país como un delito de tal magnitud que amenaza la seguridad nacional y amerita la persecución de quienes hicieron evidente que lo que dice y hace un gobierno no siempre es lo mismo.

Desde finales de noviembre, cuando los primeros cables diplomáticos fueron difundidos por Wikileaks, el gobierno estadunidense, junto con sus aliados, tomó la decisión de atacar al mensajero, mientras realizaba una intensa labor de control de daños a escala mundial con decenas de gobiernos. A la vez, decidió castigar, aun antes de un juicio, a quien fue acusado de filtrar los documentos: Bradley Manning, un soldado de entonces 22 años (ahora tiene 23).

Manning está en un centro de detención en una base de los marines, en Quantico, Virginia, 10 meses después de ser arrestado y en espera de que concluya una investigación penal en su contra y un eventual juicio militar que podría condenarlo hasta a 52 años de cárcel. La semana pasada se le agregaron 22 nuevos cargos, entre ellos el de asistir al enemigo, sin especificar a quién se considera como tal, lo cual podría implicar cadena perpetua o incluso pena de muerte. Durante meses, su abogado y amigos han denunciado el trato que recibe, y desde hace unas semanas Juan E. Méndez, relator especial sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas, solicitó formalmente información al gobierno estadunidense sobre las condiciones de detención de Manning. Según sus defensores, el militar está en aislamiento casi total, obligado a permanecer en su celda 23 horas al día. Recientemente ha sido obligado a dormir desnudo y es despertado varias veces durante la noche, supuestamente para su protección.

Philip J. Crowley, subsecretario de Estado y principal vocero del Departamento de Estado, coronel retirado y con una larga carrera en relaciones públicas gubernamentales, comentó la semana pasada, en un pequeño foro universitario, que consideraba que el trato otorgado a Manning por el Pentágono era ridículo, contraproducente y estúpido. Aunque apoya que el acusado de las filtraciones sea encarcelado, consideró que la forma en que es tratado tiene consecuencias negativas para el gobierno. Ese comentario le costó el puesto, y su jefa, Hillary Clinton, lo obligó a renunciar el domingo. Hoy, como despedida, sólo le dedicó un escueto párrafo en un comunicado en el que reconoce su contribución al gobierno, a pesar de que había sido elogiado por su manejo del escándalo de Wikileaks en los meses recientes.

Crowley no se retractó en su carta de renuncia. Según reportan medios locales, el presidente Barack Obama enfureció cuando el viernes, en una conferencia de prensa, le preguntaron si estaba de acuerdo con las declaraciones del vocero. El mandatario contestó que el Pentágono le había asegurado que las condiciones carcelarias de Manning eran apropiadas y cumplen con nuestras normas básicas.

Durante semanas, el Departamento de Defensa ha insistido en que no hay maltrato y que Manning está confinado en seguridad máxima, ya que su fuga sería un riesgo de seguridad nacional; aceptó también que está bajo supervisión para evitar que se haga daño a sí mismo (lo cual insinúa que hay riesgo de suicidio).

Si se comprueba que Manning fue la fuente de la mayor divulgación no autorizada de documentos en la historia del país –estaba asignado como analista de inteligencia de bajo nivel en Irak, donde tuvo acceso a un sistema electrónico de documentos oficiales diplomáticos y militares, del cual supuestamente bajó cientos de miles de éstos en una memoria portátil del tamaño de un dedo mientras aparentaba escuchar canciones de Lady Gaga–, sería la razón por la cual Wiki- leaks se ha convertido en uno de los principales enemigos del gobierno estadunidense.

Assange, director de Wikileaks, y otros, especulan que el trato a Manning tiene el propósito de quebrarlo para que acepte ser testigo contra Assange en el futuro.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia continúa tratando de armar un caso criminal contra Assange, sus colegas y aliados, y algunos expertos han indicado que una posibilidad es tratar de determinar que hubo una conspiración entre Manning y Assange para divulgar información clasificada.

Assange sigue defendién- dose en Inglaterra contra la solicitud de extradición de Suecia para enfrentar cargos por violación sexual. Sus abogados han argumentado que todo es parte de una estrategia para una eventual extradición a Estados Unidos.

A la vez, el gobierno estadunidense ha buscado solicitar información sobre la red de apoyo de Wikileaks con el propósito, afirman críticos, de intentar intimidar a cualquier persona o entidad que colabore o apoye a Wikileaks.

Más de 40 cateos en EU

A finales de enero, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó que había realizado más de 40 cateos en Estados Unidos como parte de una investigación internacional contra una red de hackers conocidos como Anonymous, quienes ha-bían realizado ciberataques contra varias empresas en represalia cuando anularon contratos de servicio con Wikileaks.

Más recientemente, legisladores en ambas cámaras han impulsado proyectos de ley para poder proceder penalmente contra cualquiera que divulgue información gubernamental clasificada en forma no autorizada.

El nuevo presidente del Comité de Seguridad Interna, el republicano Peter King, propone enmendar la ya controversial Ley de Espionaje de 1917 para perseguir a Assange y otros, a quienes acusó de dañar la seguridad nacional de Estados Unidos con sus divulgaciones de documentos clasificados.

Afirmó que Wikileaks y sitios parecidos son un peligro claro y presente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Julian Assange y sus compatriotas son enemigos de Estados Unidos y deberían ser perseguidos conforme a la Ley de Espionaje.

Por su lado, el gobierno de Obama advierte que continuará con su persecución de quienes considera que cometieron un acto que amenaza la seguridad nacional de este país.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks