l estado de Utah, cuyos territorios fueran México a mediados del siglo XIX y donde algunos historiadores suponen que estaría localizada la antigua Aztlán, ha iniciado una consulta para legislar sobre la migración legal en su territorio.

Mientras en Arizona y en otros estados se cierra la puerta y se persigue abiertamente a los migrantes, el estado de Utah se declara partidario de una migración legal, ordenada y concertada con sus pares mexicanos, en este caso con el estado de Nuevo León. Mientras los gobiernos federales, tanto mexicano como estadunidense, son incapaces de llegar a un acuerdo y sentarse a negociar, se abren las puertas a la negociación bilateral entre estados.

La fórmula que se ha propuesto es la de crear una Utah Comission on Legal Migration Act que involucre al gobierno estatal, representantes de las cámaras, de la academia y de la sociedad civil, cuyo objetivo es crear una ley sobre migración legal. La propuesta tiene como objetivo dejar atrás el debate y la batalla emocional para encontrar soluciones prácticas que respondan de manera efectiva a la problemática de la migración irregular.

La comisión debe estudiar desde el punto de vista social, económico y legal el tema migratorio y plantear recomendaciones al gobernador y el Congreso local. El objetivo es encontrar una respuesta comprensiva, coordinada, sustentable y practicable. La propuesta se debe ajustar a los principios fundamentales del estado de Utah, que promueven el respeto a la ley, la unidad familiar, el libre mercado y el reconocimiento de que los migrantes juegan un rol fundamental en la economía como trabajadores y contribuyentes. Finalmente, reafirman que Utah es un estado que da la bienvenida a los trabajadores migrantes honestos y que su política y su reforma migratoria deben reflejar una perspectiva humanista (humane approach).

La comisión debe proponer un proyecto piloto que estudie, analice y evalúe la pertinencia del programa de visas H2 de trabajadores temporales, que está estipulado en la ley federal estadunidense (Immigration and Nationality Act), pero al mismo tiempo se espera que proponga mejoras y recomendaciones.

Pero la propuesta no se queda ahí: en la sección 108 se plantea expresamente la colaboración con el gobierno de Nuevo León y el Centro de Atención al Migrante para llegar a un acuerdo que posibilite al gobierno de Utah establecer los mecanismos que permitan la migración legal de trabajadores temporales, tanto calificados como no calificados. El proyecto deberá ajustarse a las necesidades del mercado de trabajo local.

En realidad esta iniciativa surgió como respuesta a otra propuesta de ley de carácter punitivo, preparada por el representante conservador Stephen Sandstrom, que pretendía sólo enfatizar la lucha contra la migración irregular. La posición del gobernador Gary Herbert y varios representantes del Congreso es la de distanciarse de manera clara de la SB 1070 de Arizona. Así lo percibe David Montero, del Salt Lake Tribune, quien desde el título de su artículo “Utah wants world to know it’s no Arizona”, marca una raya con respecto a la posición de otros estados que han legislado en contra de los migrantes.

A diferencia de Arizona, la propuesta de Utah se ajusta y reconoce la legislación federal, pero afirma su derecho a hacer propuestas, mejorar y evaluar el sistema de visas H2, que hasta el momento es la única vía legal para importar mano de obra no calificada para la agricultura y los servicios. Mano de obra que necesita y no puede desechar.

Pero da un paso más, y bastante significativo. Propone un acuerdo de entendimiento con el estado de Nuevo León. Paradójicamente Nuevo León no es un estado tradicionalmente expulsor de migrantes, más bien lo contrario, es un estado que recibe amplios contingentes de migración interna. La propuesta de Utah de entablar relaciones con Nuevo León tiene que ver con el trabajo desplegado por el Centro de Atención al Migrante (CAM), que asumió la tarea de asistir y asesorar a los trabajadores que van a Monterrey para conseguir visas H2.

Ante la apatía e inercia de los gobiernos federales de ambos países, dos entidades federativas se ponen de acuerdo y empiezan a negociar, lo que resulta algo realmente inusitado. Por muchos años se ha insistido en la pertinencia de un acuerdo bilateral y las visas H2 son la expresión más pura de una posición unilateral, por parte del gobierno estadunidense, que administra las visas según los intereses y prioridades de los negocios de particulares que sufren de escasez de mano de obra.

En México y Estados Unidos el tema migratorio es un asunto federal, y legalmente estarían los estados imposibilitados de legislar, y menos aún de llegar a acuerdos bilaterales. Pero en la práctica lo están haciendo. El estado de Arizona sigue enganchado en su nefasto proyecto de criminalizar al migrante, mientras que en Utah, que seguía por ese mismo camino, ha llegado una brizna de sensatez.

La presencia latina en Utah es cada vez más amplia.. El censo de 2010 reporta que la inmensa mayoría de la población son blancos: 81.2 por ciento; que la segunda minoría son los latinos, 12.3 por ciento, mientras que los asiáticos son 2.1 por ciento y los negros 1.4 por ciento. Sin embargo, los latinos son generalmente trabajadores y no empresarios. En 2002 sólo 2.7 por ciento de los negocios del estado eran regenteados por latinos.

Pero mientras en Utah se prende una lucecita de esperanza, en Carolina del Sur se legisla en contra de los migrantes irregulares, siguiendo el ejemplo de Arizona. Se ha aprobado que la policía pueda detener a una persona si hay una sospecha razonable de que puede ser indocumentada. No sólo eso, ahora se pretende penalizar a todos los migrantes, incluidos legales y residentes, porque se piensa cobrar un impuesto de uno por ciento a las remesas al exterior.

Tarde o temprano las medidas punitivas se van a revertir, la histeria tendrá que acabar y los intereses económicos tendrán que prevalecer, como en Utah, donde se requiere de la mano de obra mexicana.