Este viernes, en el juzgado decimosegundo de distrito administrativo se efectuará la audiencia incidental del juicio de amparo que se inició a petición de Víctor Manuel Reyes, primo de un joven asesinado cuya imagen aparece en el documental Presunto culpable.

Durante la diligencia, la juez Blanca Lobo escuchará los alegatos de las autoridades de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación (SG), así como los argumentos de los productores del filme y de los abogados del solicitante del amparo.

Sin embargo, a decir de funcionarios de ese juzgado consultados ayer por La Jornada, será el próximo lunes cuando la juzgadora resuelva si concede o niega la suspensión definitiva a la parte quejosa.

Existe la probabilidad de que Lobo opte por no dar a Víctor Reyes la suspensión definitiva, pues existe ya un precedente de un tribunal colegiado que el pasado miércoles resolvió que en el tema de las suspensiones en vía de amparo el derecho privado está por debajo del interés social y/o colectivo.

Hasta el cierre de esta edición, la juzgadora analizaba la posibilidad de emitir un acuerdo para que durante la diligencia sólo puedan estar presentes las partes involucradas en el litigio.

El pasado martes, Daniel Cabeza de Vaca y César Esquinca Muñoa, consejeros de la Judicatura Federal, indicaron que el permiso para que los productores de Presunto culpable videograben la audiencia incidental de mañana quedará a consideración de la juez Lobo.

Roberto Hernández y Layda Negrete, director y productora de la cinta, han informado que solicitaron autorización al Consejo de la Judicatura para filmar la audiencia a partir de la cual la juez decimosegunda de distrito en materia administrativa definirá si suspende en definitiva la exhibición del filme.

Dependerá de la decisión que tome la juez en el momento. La audiencia es pública, pero dependerá de la decisión que tome la juez, y no tenemos conocimiento hasta este momento, ni oficial ni extraoficialmente, de la decisión que vaya a tomar la señora juez, dijo Cabeza de Vaca.

Esquinca señaló que si bien la ley establece que las audiencias judiciales son de carácter público; en realidad son los jueces quienes deben decidir si permiten el acceso a las cámaras, pues incluso en Estados Unidos las diligencias son públicas, pero no videograbadas.