Las agresiones contra defensores de derechos humanos no sólo se cometen en Chihuahua, sino que existen varios focos rojos en todo el territorio nacional, donde cotidianamente se perpetran abusos y actos de violencia que no siempre son difundidos, pero siguen alimentando el clima de impunidad, advirtieron activistas de organizaciones sociales.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que esas agresiones demuestran el grave nivel de deterioro en que se encuentran las garantías individuales, debido al mal trabajo de los funcionarios y la ausencia de canales para expresar el descontento ciudadano.

Algunos asuntos en los que el Centro Pro trabaja actualmente, apuntó, son los de más de cien defensores de derechos humanos en Guerrero para quienes se solicitaron medidas cautelares, debido a las amenazas en su contra.

También son hostigados, entre otros, la activista Margarita Martínez, en Chiapas; los opositores a la supervía poniente, en el Distrito Federal, y Jorge Arzave, quien ha denunciado las malas condiciones de su vivienda en una unidad habitacional de Cuautitlán Izcalli, apuntó.

Los orígenes de todas estas agresiones son inciertos, porque no ha habido investigaciones eficientes y prontas, de tal forma que todos los casos quedan en la impunidad. Desde funcionarios de justicia hasta delincuentes y grupos empresariales pueden atacar a los defensores de derechos humanos, por lo que urge un mecanismo de protección para ellos.

Silvano Cantú, director de incidencia e investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, aseveró que la situación en Ciudad Juárez y otros puntos de Chihuahua sólo es un botón de muestra de lo que ocurre en todo el país.

La respuesta gubernamental ha sido favorecer el uso desproporcionado de la fuerza. Es un Estado que promueve el máximo de represión y el mínimo de desarrollo social, y eso pone en un grado de vulnerabilidad extrema a los defensores, sostuvo.

De acuerdo con Cantú, es evidente el menosprecio de las autoridades por la seguridad de los grupos más vulnerables, entre ellos los periodistas, las mujeres y los activistas de derechos humanos. No es un asunto prioritario para el actual gobierno, que ha jugado con la posibilidad de cubrir el país de focos rojos, lo cual es escandaloso y lamentable, dijo.