Ensenada Baja California, 8 de marzo. A escasos 20 kilómetros de los tanques de almacenamiento de gas licuado natural de la empresa Costa Azul, propiedad de la trasnacional Sempra Energy, distintas voces de la población civil del puerto de Ensenada reclaman a las autoridades federal, estatal y municipal decretar el fin de la actividad industrial en esa región con vocación turística y ecológica.

La desconfianza que ha generado la trasnacional entre los habitantes del puerto se deriva de la opacidad en los vínculos de las autoridades del estado de Baja California –desde la administración de Eugenio Elorduy a la de José Guadalupe Osuna Millán– y los altos funcionarios de Sempra, encabezados por Donald E. Felsinger, quien autorizó la construcción de una mansión con valor de 20 millones de dólares.

En abril del año pasado la trasnacional fue obligada por el gobierno de Estados Unidos a pagar una multa de 410 millones de dólares a los consumidores de energía eléctrica, porque recurrió a tácticas corruptas –similares a las aplicadas por Enron en la crisis del año 2001– para generar ganancias récord en su provecho. En aquel episodio el fisco estadunidense desembolsó 9 mil millones de dólares para salvar a las empresas multinacionales.

Tal suceso fue difundido con profusión entre los habitantes de Ensenada, quienes ahora manifiestan su disgusto porque se hayan levantado dos enormes tanques almacenadores de gas licuado natural en el litoral ecológico y turístico de la zona.

El señor Honorio Fernando Pérez Cortez, ex bombero y presidente de los pensionados y jubilados, advierte: nos hemos dando cuenta por medio de la prensa que esa empresa está irregular y están inmiscuidas varias autoridades y por ende es un peligro para la ciudad y para el ser humano.

–Obtuvo permisos del gobierno para operar en esa área –se le dijo.

–Para mí se instaló mal. ¿Por qué no permitieron que en Estados Unidos se instalara, y por qué aquí sí? Toda la costa desde Tijuana hasta el sur del estado, pasando por Rosarito y Ensenada, es un corredor turístico. Además Sempra nos contamina el mar porque les ponen líquidos a las tuberías para que no se peguen las lapas y abulones. Creemos que están haciendo un gran daño a la flora y la fauna.

“Yo tengo en Ensenada 66 años con siete meses, casi desde que nací; mi familia, mis hijos, son todos bajacalifornianos. Mis antepasados son bajacalifornianos. La Cámara de Diputados debe hacer una investigación a fondo, y si hubo funcionarios que dieron permisos y documentos malos, que se les castigue conforme a la ley, porque no son ellos, ellos ya se fueron y nosotros seguimos viviendo en Ensenada.

–¿Usted cree que la empresa es un riesgo para Ensenada?

–Así es. Pone en riesgo a toda la ciudadanía, es un peligro para Ensenada. Solicito que se retire Sempra y que se castigue a los funcionarios que emitieron documentación ilegal.

El pescador Ricardo Meza, dedicado al cultivo de atún, recuerda: “Ensenada siempre ha vivido sin Sempra. Siempre se ha traído gas y no necesitamos de Sempra. Para qué se quiere una planta regasificadora ahí. Además el gas que trae sirve a su termoeléctrica y no es para consumo doméstico. ¿A quién le quieren ver la cara? La decisión debe tomarse conforme a los documentos; si están mal, que se retiren de aquí.

–¿Y el gobernador ya se pronunció sobre este tema?

–Yo no he oído del gobernador ninguna postura a favor o en contra. Él es la primera autoridad, está obligado a defender a la población del estado, y en este caso tan delicado, a la población de Ensenada. Queremos que se haga una investigación y que se castigue a los culpables porque no hicieron nadita bien a favor de la población; al contrario, nos ponen en riesgo. Esperamos que se resuelva a favor de la ciudadanía.

La profesora Sara Cabrera, bióloga con maestría en manejo de ecosistemas, se dice ensenadense ciento por ciento, mis padres llegaron aquí a colonizar cuando Estados Unidos se andaba queriendo anexar Baja California. Soy especialista en estuarios y lagunas costeras. Conozco sobre riesgos y daños a la fauna.

–¿Qué opinión le merece la operación de la planta regasificadora de Sempra?

–Lo que me llama la atención es la temperatura. Las corrientes marinas varían de acuerdo con las estaciones del clima, y tienen que ver con la influencia de los polos. Cuando se involucra la actividad humana, muchas de las especies nativas, endémicas o para fines comerciales, como es el caso del atún, que están en encierros y se explotan en la costa, se encuentran en riesgo.

–La regasificadora vierte 45 mil litros de agua helada por hora al mar, con la consecuente modificación del nivel de temperatura.

–Eso es el riesgo para las especies residentes y las que migran, y hay que tomar en cuenta la flora. Y si comparamos los estudios de impacto ambiental con los de otros países, y si a esta empresa se le ocurrió o pensó en México para instalar su planta con el riesgo latente para los asentamientos humanos, las autoridades estarían obligadas a cerrar esas instalaciones.

En Estados Unidos no les aprobaron el permiso y aquí carecemos de información con un pueblo que hace como que conoce pero todo lo desconoce; entonces como ciudadana me alarmó mucho cuando supe que se iban a instalar en ese lugar, porque si llegara a pasar un accidente sí impactaría bastante. Y no sabemos si esta empresa está tomando en cuenta esos factores de riesgo o si hace monitoreos, porque el peligro de un incendio es grave.

Magdalena Rivera, ama de casa con tres hijos, corta la pregunta:

–¿Estaría a favor de que esta empresa se mantenga operando o se retire…?

–No veo que el municipio tenga alguna ganancia económica. Son cincuenta trabajadores, y si lo vemos de acuerdo con el número de personas que vivimos aquí en Ensenada, no veo que resuelva ningún problema de empleo y mucho menos. El costo que estamos pagando la ciudadanía en términos de salud y relaciones sociales es muy alto.

Que se retiren porque son un factor de riesgo, y una vez que se retiren dejen como estaba, que se lleven toda su instalación que pudiera causar un daño, o que pudiera quedarse, como desperdicio o un basurero, porque no es material biodegradable. ¡Que se lleven todo lo que trajeron!

–¿Usted cree que las autoridades sí se involucrarán en este asunto?

–Urge que el gobernador se mueva, que se pronuncie y que se aplique, porque con el riesgo humano no se puede jugar. Y que Felipe Calderón tome cartas en el asunto. Él está sentado en su mesa presidencial, y no sabemos si le importemos porque estamos alejados. Somos mexicanos, estamos lejitos pero somos mexicanos ¿qué no?

También el señor Paulino Elías Castro, de 85 años de edad, no sólo recrimina el riesgo que propicia la regasificadora, sino, como propietario de los terrenos Nopobampo y Sonorabampo, de 195 hectáreas, lindantes con la planta de Sempra, suelta una acusación:

“Me robaron 26 hectáreas. Me despojaron. Adonde nos va a conducir esto, qué va a pasar con Sempra. Mi papá levantó este rancho desde 1923. Aquí nací; fui borreguero, chivero, ahí estuvo mi mamá, nunca sufrimos hambre; fui vaquero, y nunca me desamparó el rancho, y vienen estos amigo y dicen ‘esto es mío y esto es mío’, y yo digo ¿por qué? Vino la reforma agraria, hijos de su chingada madre, les hicimos una vaca para que comieran y se van a la ciudad de México y dijeron que eran terrenos abandonados. ¡Todo lo contrario! Hijos de su chingada madre. ¡Yo tengo toda mi vida ahí!”