La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este martes que esa dependencia no fue notificada de la operación Rápido y furioso, que permitió a grupos criminales introducir a territorio mexicano 2 mil armas, con la complacencia de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) estadunidense.

Marisela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la PGR, aseguró ayer que las autoridades estadunidenses jamás le notificaron que estaba en curso ese operativo.

–Usted fue informada por el gobierno de Estados Unidos que estaba en curso este plan (Rápido y furioso) –le preguntó a la funcionaria Joaquín López Dóriga, durante una entrevista telefónica en el noticiario vespertino de Radio Fórmula.

–No. A mí no me informaron nada –respondió la fiscal contra la delincuencia organizada.

En tanto, funcionarios de la PGR consultados ayer por La Jornada indicaron que hasta este martes ninguna autoridad mexicana ha iniciado investigación alguna para comenzar la búsqueda de los presuntos integrantes de la red de traficantes que era vigilada por ATF dentro del plan Rápido y furioso.

El pasado sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó, en un comunicado de prensa, que procedió a solicitar información detallada de este asunto a las autoridades estadunidenses, y señaló que el gobierno de México seguirá con especial interés las investigaciones anunciadas tanto por la ATF como por el Departamento de Justicia.

Según la dependencia mexicana, el objetivo de los gobiernos de México y de Estados Unidos es detener el tráfico de armas sobre la base del principio de responsabilidad compartida, y ambos trabajan para fortalecer la cooperación bilateral en la materia. Dicha prioridad fue ratificada por los presidentes de México y Estados Unidos el pasado 3 de marzo, en Washington.

Este caso está relacionado con las revelaciones que en días pasados hizo a CBS News el agente de la ATF John Dodson, quien denunció que sus superiores le ordenaron dejar pasar rifles de asalto y otras armas, las cuales llegaban a manos de criminales mexicanos.

Dodson narró que en 2010, durante su estadía en la oficina que la ATF tiene en Phoenix, sus superiores le ordenaron permitir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, ya que supuestamente tenían en marcha la operación Rápido y furioso, y se había concretado una venta señuelo con la que se detectaría a miembros de las bandas mexicanas que estaban involucradas en el trasiego de armas.