En el contexto de celebración del Día Internacional de la Mujer, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Luna Ramos respaldó plenamente la decisión de la juez Blanca Lobo Domínguez, quien suspendió la exhibición del documental Presunto culpable, y le hizo un llamado a que no la venza el temor, que es también factor utilizado para docilitar al juzgador.

Ayer, la ministra salió en defensa de la juzgadora, detalló su experiencia y calidad profesional, y subrayó que el Poder Judicial de la Federación no tiene interés alguno en censurar el documental. El escrito dirigido a la juez Lobo, difundido por la SCJN, es el primero en el que un ministro sale al paso para apoyar a un juez que emite una sentencia polémica.

Trascendió que algunos ministros de la Suprema Corte consideran que la juez debió solicitar al demandante –único testigo del homicidio, quien solicitó que se suspendiera provisionalmente la exhibición del filme– una garantía económica para conceder la suspensión de la exhibición del documental.

Esto, por los posibles daños y perjuicios que podría causar a la parte demandada –los productores de la cinta, los distribuidores o las cadenas de cine– la decisión judicial de evitar la reproducción comercial del documental durante el tiempo que dure la suspensión y la duración del juicio cuando se resuelva en definitiva.

Otros ministros consideran que el asunto tiene que ver más con el derecho civil que con el administrativo.

Por otra parte, Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, señaló que la autorización que expidió la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) al documental Presunto culpable sólo se refiere a los efectos para su exhibición comercial y no trasciende al contenido o la producción.

El filme está implicado en dos juicios de amparo, así como en un procedimiento administrativo. Esto último, explicó el funcionario, porque familiares del hoy occiso (cuya historia detona el tema del documental) solicitaron a RTC, en los primeros días de febrero, que no se diera la autorización o, en su caso, se revocara.

Villarreal explicó que este trámite, conocido como derecho de petición, se presentó de manera posterior a la autorización de la película, por lo que RTC sólo dio vista de tal solicitud al distribuidor (Cinépolis) y se indicó a los interesados que estaban en su derecho de promover lo que a su derecho conviniera, en el terreno judicial y administrativo.

La exhibición del documental fue suspendida por orden de la juez Blanca Lobo; aunque ayer un tribunal revocó tal determinación en cuanto a la exhibición comercial y pasado mañana (viernes) se realizará la audiencia del caso.

Horas antes del anuncio de la revocación, la Cámara de Senadores había exigido a las autoridades judiciales reconsiderar su decisión. Con el aval de todas las fuerzas políticas, se solicitó a la juez Blanca Lobo que realice una justa valoración entre los derechos de las partes involucradas.