a tecnocracia disfruta vincular la mejora de la seguridad social como objetivo de la reforma hacendaria que publicita Manlio Fabio Beltrones. No hay tal.

Según el Inegi, al tercer trimestre de 2010 las cifras de empleo resultaban decepcionantes. De los 47.1 millones que integran la población económicamente activa, 44.4 estaban ocupados, 27.2 eran asalariados y 2.1 patrones. Diez millones laboraban por su cuenta; 15.7 millones contaban con seguridad social y 28.4 no. Se registraron 18.4 millones de micronegocios, 6.7 de negocios pequeños, 4.2 de negocios medianos y 3.6 millones de grandes negocios.

Mientras tanto, según Hacienda, el universo de contribuyentes sumaba 33.4 millones, de los cuales 1.3 son personas morales y 32.1 personas físicas; 6.8 millones disponían de actividad empresarial y 25. 2 millones carecían de ella.

Frente a este cuadro, el tecnócrata zedillista Santiago Levy –uno de los principales responsables del estado que padece la seguridad social– divulga un diagnóstico que repiten Beltrones, Peña Nieto, intelectuales orgánicos, analistas a modo y académicos jilgueros, asociándolo a la referida iniciativa hacendaria.

Después de su funesto y nunca sancionado paso por el IMSS-Fox, Levy pretende imponer otro fracaso anunciado como el Progresa (Oportunidades) financiándolo con IVA generalizado a fármacos, alimentos y servicios, sin excepción.

Su nuevo enredo desestructura la integralidad de las prestaciones IMSS-ISSSTE sustituyéndolas con un universalismo de paquetes mínimos en pensiones-retiro, seguro médico, de vida e invalidez, como el del Seguro Popular de Frenk.

Un presuntuoso Seguro de Derechos Sociales Universales que agrega ¡generosamente! uno de riesgos de trabajo –sólo para los asalariados– y otro de desempleo modesto, en remplazo de la indemnización por despido.

La nueva pesadilla equivale a cinco puntos del PIB. Para instrumentarla sería preciso elevar impuestos. ¿Cómo? Homogeneizando la tasa del IVA a 15 por ciento para todos los bienes y servicios, sin excepción, justamente en esos mismos cinco puntos del PIB. Ese impuesto sería entonces bautizado como ¡contribución para los derechos sociales universales!

El problema de fondo es que el enredo Levy y su fantástica propuesta tributaria no garantiza lo que ofrece: la pensión de retiro (en Afores) apenas sumaría 30 por ciento del último salario devengado y el seguro médico sería racionado, como muestran sobradamente sus cuestionadas UMAES-IMSS y el Seguro Popular.

Resulta inconcebible que sean los mismos que hundieron la seguridad social quienes ahora ostentan ir a su rescate. Es el caso de Levy con la privatización de los fondos de pensiones del aparatado A (ley Zedillo al IMSS de 1995) y su responsabilidad como director del IMSS-Fox (2000-2005). El diseño del contrato de subrogación que terminó en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, entre muchos otros.

Dígase lo mismo de Beltrones quien, como diputado priísta –asistiendo directamente a Levy– presentó el 14 de julio de 2004 una iniciativa de reforma de los artículos 277 d y 286 k de la Ley del IMSS que sepultó de un tajo los derechos pensionarios de sus médicos, enfermeras y profesiones afines. Años después, todavía se atrevió a sostener que lo que puedan ser los compromisos obrero-patronales, se van resolviendo en una relación obrero-patronal, en el contrato colectivo de trabajo. No hay materia legislativa para corregir lo que la voluntad política no lleva a cabo!

Además, la falta de imaginación de Beltrones al insistir por su propia cuenta y riesgo -como los panistas de la última década perdida- en gravar alimentos y medicinas -lo que impactaría el consumo de la mayoría de las familias que en eso gastan gran parte de sus ingresos-, sólo confirma el agotamiento de la élite PRI-PAN que desde hace años repite las mismas manidas fórmulas de la vieja escuela.

En vez de ensayar un modelo de crecimiento alternativo e incrementar la recaudación yendo sobre los grupos tradicionalmente protegidos, Beltrones pone a gravitar, otra vez, la nueva recaudación sobre el, de por si, magro ingreso disponible de las familias.

Y todo para devolverles –siguiendo a Levy– unos derechos compactados como los de la ley Zedillo-IMSS, Calderón-ISSSTE y el fraudulento Seguro Popular; devolución que sólo garantiza un país de adultos mayores empobrecidos, sin servicios sanitarios efectivos.

Es claro que no habrá nivel pensionario digno con el actual nivel de no creación de empleo, la creciente precarización laboral y el impacto del outsourcing.

Adicionalmente, no hay mejora posible de la seguridad social sin incursionar estratégicamente al cuarto de máquinas en que se produce el servicio. Tarea abandonada desde el priísmo zedillista y a lo largo de la entera década perdida del panismo de Fox-Calderón. Para ello hay que partir del trabajo con los equipos de salud de IMSS, ISSSTE y Ssa que prestan efectivamente la atención. Con propuesta e inteligencia institucional, se trata de mejorar servicios, no de subir impuestos!

Como apunta el curioso lenguaje de la CTM: la infraestructura institucional, a pesar de su crecimiento, no lo hace en proporción a las necesidades de una población derechohabiente cada vez más demandante y creciente. Las encuestas muestran que hasta 23 por ciento de los derechohabientes está descontento. Ese 23 por ciento representa a miles que diariamente esperan horas, con las urgencias saturadas, y viven situaciones caóticas.

El debate sobre el futuro de la salud y la seguridad social debe proseguir, superando la visión financiera miope de quienes, como Beltrones y Levy, quieren sepultar al IMSS.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco