Tehuacán, Pue, 4 de marzo. Una mujer con cinco meses de embarazo que ingresó a la clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con problemas de sangrado, se encuentra desde la madrugada del miércoles en el nosocomio bajo custodia policial y en calidad de detenida, acusada de provocarse un aborto.

La mujer de 20 años, oriunda del municipio de Tecamachalco, está sujeta a la averiguación previa 98/2011/TH, iniciada por el Ministerio Público y enfrentará un proceso judicial en el que podría recibir sentencia de entre cinco meses y seis años de prisión, sin derecho a fianza, según lo estipulado en el Código de Defensa Social de Puebla.

La joven fue denunciada por los médicos y directivos de la clínica, debido a que las reformas legislativas aprobadas en marzo de 2009 por el PRI y el PAN al Código de Defensa Social, también estipulan sanciones de uno a tres años de prisión a cualquier persona que ayude a un aborto. En el caso de médicos, cirujanos o parteras, además de cárcel se les puede suspender de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Organizaciones feministas encabezadas por el Colectivo de la Sierra Negra por los Derechos de las Mujeres, han iniciado la defensa de la joven que, según las primeras investigaciones, habría utilizado un medicamento que le provocó el aborto, luego de que el hombre que la embarazó se negó a apoyarla.

De marzo de 2009 a abril de 2010 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado inició 17 averiguaciones previas contra mujeres que interrumpieron su embarazo, una de ellas de sólo 12 años.

Del total, cuatro fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social del estado de Puebla, según han dado a conocer integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

La representante de esta organización no gubernamental, Natalí Hernández Arias, explicó que los datos citados se obtuvieron por una solicitud de acceso a la información que se hizo a la dependencia, pero las cifras no han sido actualizadas porque la PGJ se niega a brindar más información.

De acuerdo con la información sobre denuncias por aborto proporcionada por la PGJ, de las 17 averiguaciones previas que se iniciaron de marzo de 2009 a abril de 2010, cinco se ejecutaron en Tehuacán; dos, en los municipios de Puebla, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y Tepeaca, y una en Tehuitzingo, Huauchinango, Teziutlán y San Martín Texmelucan, respectivamente.

El rango de edad de las mujeres que fueron denunciadas ante la PGJ por interrumpir su embarazo en el estado oscila entre 12 y 37 años. Activistas como Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia, han advertido que no se puede jugar a hacer leyes, pues el endurecimiento de los castigos no hará que las mujeres que decidan abortar, desistan, pero sí las colocará en un estado de indefensión, especialmente a las más pobres.