A casi cuatro años de haberse extinguido la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), aún se integran 443 averiguaciones previas por delitos como desaparición forzada y tortura cometidas por agentes del Estado mexicano contra disidentes políticos de los años 70 y 80 del siglo pasado.

En respuesta a una solicitud de información pública, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que de 570 indagatorias que entregó la Femospp en abril de 2007, en 63 se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Hasta el momento la mayor parte de las averiguaciones en curso tienen que ver con presuntos delitos de lesa humanidad, cometidos por autoridades, principalmente en Guerrero, donde hay 313 denuncias; Distrito Federal, 66, y Sinaloa, 48.

La Femospp nació en 2002, durante la gestión del general Rafael Macedo de la Concha en la PGR, y fue desaparecida en marzo de 2007 mediante el acuerdo A/317/06, emitido por el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Se determinó que los procedimientos penales y demás asuntos pendientes a cargo del fiscal especial pasarán al conocimiento de la Coordinación General de Investigación. Así, 570 averiguaciones previas finalmente llegaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, a cargo de Arturo Germán Rangel.

En su respuesta a la solicitud de información pública, la PGR indicó que debido a que las indagatorias fueron iniciadas por la probable comisión de conductas delictivas, hasta en tanto no existan elementos que permitan determinar el tipo de delito cometido, no es posible informar del estado que guardan las pesquisas.

Sin embargo, sí proporcionó los datos de cuántas averiguaciones previas existen por casos registrados en distintas entidades:

Aguascalientes, una; Baja California Norte, cuatro; Chiapas, ocho; Chihuahua, 10; Coahuila, una; Distrito Federal, 65; Durango, una; estado de México, 19; Jalisco, 30; Guanajuato, una; Guerrero 313; Hidalgo, cuatro; Michoacán, nueve; Morelos, cinco; Nayarit, dos; Nuevo León, cuatro; Oaxaca, nueve; Puebla, ocho; Querétaro, una; San Luis Potosí, una; Sinaloa, 48; Sonora, 15; Tabasco, una; Tamaulipas, cinco; Veracruz, tres, y Yucatán, una.

La mayor parte de las investigaciones están relacionadas con la llamada guerra sucia de los años 70 y 80, cuando presuntos integrantes de grupos guerrilleros fueron detenidos ilegalmente y desaparecidos por militares e integrantes de corporaciones como la extinta Dirección Federal de Seguridad.