La crisis interna que vive actualmente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) proviene en buena medida del incumplimiento en tiempo y forma de sus normas, reglamentos y resolutivos, como los acordados en su XII Congreso Nacional refundacional de diciembre de 2009. La gota que derramó el vaso son las alianzas electorales con Acción Nacional (PAN).

Corrientes perredistas como Izquierda Democrática Nacional (IDN), Izquierda Social (IS), Movimiento de Liberación Nacional-Redyr, entre otras, han denunciado que esas alianzas contravienen la línea política aprobada en aquel año, que está en consonancia con el desconocimiento que el partido, después de las elecciones de 2006, hizo de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República por el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador.

El último día de trabajos de aquel congreso, por cierto, el presidente nacional del partido, Jesús Ortega Martínez, evadió responder de manera directa si habría alianzas con el PRI o con el PAN.

No voy a contestarles lo que ustedes quieren escuchar, respondió a las insistentes preguntas de reporteros. Vamos a hacer alianzas principalmente con la sociedad, primordialmente con los partidos de izquierda y amplios bloques opositores donde participen sectores de la sociedad mexicana.

El detonante para la confrontación actual es la consulta en el estado de México para establecer allí una alianza con el PAN. Nueva Izquierda (NI) y sus aliados se impusieron en el Consejo Nacional del pasado 19 de febrero para llevarla a cabo por 129 votos contra 72.

La discusión entre los diferentes grupos perredistas versa ahora sobre la legalidad de ese resolutivo. Con base en el artículo 125 de sus estatutos se argumenta que debieron aprobarlo dos terceras partes de los consejeros presentes en esa sesión. Es decir, de 201, 134. El citado artículo a la letra señala:

El plebiscito es el método de consulta directa a los afiliados al partido o la ciudadanía para optar entre dos o más propuestas presentadas por los órganos del partido sobre asuntos de trascendencia política. Será convocado por el consejo del ámbito respectivo por voto aprobatorio de mayoría calificada, su resultado será de carácter vinculante.

Las omisiones a sus resolutivos han causado al PRD multas y sanciones, por ejemplo, al no destinar 2 por ciento de su presupuesto para el avance político de las mujeres, como obliga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que le acarreó una sanción en 2008 de un millón 696 mil pesos, y un año después, de 3 millones de pesos, por reincidir.

Diciembre de 2009 fue el mes en que más modificaciones a los estatutos, línea política y reglamento perredistas hubo, con la intención de darle salida a la crisis interna que provocó el cambio de dirigencia nacional. Sólo que la ruta crítica delineada para la nueva estructura organizativa del partido aún no termina de concretarse o ha sufrido una serie de modificaciones a conveniencia de los grupos que dominan al PRD.

Así ocurrió con la fecha fijada para la renovación de la dirigencia nacional, la cual también se vio afectada por la carencia de un reglamento de elecciones y con el atraso en el arranque de la campaña de afiliación y reafiliación y sus posteriores irregularidades e inconsistencias.

De esta manera, el cambio de presidente nacional, secretaria general, comisión política, secretariado, mesa directiva del Consejo Nacional y órganos autónomos pasó del 5 de diciembre al 19 de marzo. Las designaciones se darán por votación calificada de dos terceras partes de los consejeros nacionales. Es decir, no se tomará en cuenta a los militantes del sol azteca.

Más prórrogas

Integrantes de consejos, congresos y órganos de dirección nacionales, estatales y municipales, se elegirán –según acuerdos de la directiva– a más tardar en septiembre, y no en mayo, como se había dictaminado para algunos casos.

El paquete de resolutivos del citado congreso refundacional incluyó la organización territorial del PRD a escala nacional, tema que recientemente ha quedado fuera de las discusiones, aunque está incluido para analizarse en el programa anual de trabajo del secretariado.

Se planteó entonces contar con presencia en cada una de las 64 mil 843 secciones electorales del país para garantizar, en cada una de ellas, una votación mínima que genere mayores triunfos para el perredismo.

Según datos de la dirigencia nacional, hasta finales de noviembre del año pasado, cuando debió emitirse la convocatoria para elegir las direcciones y representantes seccionales, 64 por ciento de las secciones contaba con 41 mil 311 afiliados al PRD, y en el resto todavía aparecían marcados como sin afiliación 23 mil 627.

Un asunto más en la lista de retrasos tiene que ver con el informe final sobre el registro de las corrientes o grupos de expresión. Cada uno lo solicitó en marzo del año anterior, por mandato de su congreso, pero hasta el momento no se ha reportado cuántos fueron reconocidos o rechazados de manera oficial.