Atizapán de Zaragoza, Méx., 26 de febrero. Vecinos y familiares del menor Giuseppe Ludwing Marín Rocha, secuestrado y asesinado hace seis meses, marcharon hoy para exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la alcaldía de Atizapán resultados sobre el crimen, protección a la familia del niño y combate a la inseguridad.

¡Ni un secuestro más!, exigieron los colonos que marcharon del fraccionamiento Las Alamedas y del bulevar Adolfo López Mateos hacia el edificio de la PGJE, a cuyo titular, Alfredo Castillos, le pidieron detener a los integrantes de la banda que plagió y mató al menor.

José Luis Marín Aceves expuso que su hijo fue secuestrado el 24 de agosto y su cadáver encontrado el 8 de septiembre pasado. Dijo que el procurador le informó que son nueve los secuestradores implicados, pero sólo está detenido Omar Reyes Becerra.

En agosto, dijo, había cobrado su liquidación como trabajador de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), la cual sirvió para pagar el rescate exigido por los criminales. Primero me pedían 800 mil pesos, pagué 90 mil pesos, pero aun así mataron a Giuseppe, comentó.

Marín Aceves y su esposa, Elsa Medina Rocha, encabezaron la marcha integrada por ex trabajadores de LFC, vecinos y familiares que iban vestidos de blanco y portaban globos del mismo color y pancartas en las cuales escribieron: Seis meses, Giuseppe dio su vida, sólo un detenido.

Exigieron a la alcaldía y al procurador brindar seguridad a la familia del niño, debido a que reciben amenazas de muerte. Indicaron que Reyes Becerra vivía en su comunidad y presumen que sus cómplices también viven en la zona, pero no han sido detenidos.

El municipio, la procuraduría General de Justicia y la Policía Federal están enterados de las amenazas de muerte, pero nadie nos da protección, dijo Marín.

Los manifestantes explicaron que en Las Alamedas persiste la inseguridad, pues otro vecino fue secuestrado, pero se le rescató con vida; en las calles ya no juegan los niños, salen acompañados, antes tenían más liberad, ahora ya ni a la tienda los dejemos salir, dijeron.

Debido a que las autoridades estatales y municipales no proporcionan suficiente vigilancia a las 300 familias que habitan el fraccionamiento, éstas anunciaron que colocarán rejas en los accesos a las calles Alondra, Gaviota y Codorniz.