l titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga, informó ayer que el gobierno de México ajustó a la baja sus estimaciones de producción de maíz para este año en casi 2 millones de toneladas –de 25 a 23.3–, luego de las fuertes heladas que golpearon algunos estados del norte del país, entre ellos Sinaloa, principal productor del actual ciclo agrícola. El funcionario añadió que se prevé elevar en 713 mil toneladas las importaciones de maíz blanco de Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, a efecto de cubrir el faltante de grano a corto plazo.
Aunque ayer mismo el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, rechazó la posibilidad de desabasto a consecuencia de las heladas referidas, y afirmó que se contará con suficiente maíz para satisfacer la demanda alimentaria de la población, el anuncio del titular de la Sagarpa plantea un escenario preocupante: ante el descenso en la producción de maíz y en ausencia de políticas orientadas a devolver al campo mexicano su capacidad productiva, al país no le queda más opción que comprar el faltante de ese producto básico en el extranjero, y ello coloca a la población a merced de los vaivenes en los precios internacionales. Es significativo y preocupante que la reducción en las estimaciones de producción nacional del maíz coincida con un descenso en los inventarios mundiales de ese grano, que a finales de enero se ubicaron en su nivel más bajo en 15 años. Esto, a su vez, ha derivado en un encarecimiento del precio internacional en más de 70 por ciento entre octubre y enero pasados, según un índice elaborado por el Banco Mundial.
Por lo que hace a nuestro país, la gravedad del escenario internacional se conjuga con los efectos negativos de la aplicación del modelo económico vigente: el gobierno ha renunciado a proteger la economía popular y carece de las políticas sociales necesarias para contrarrestar en alguna medida los efectos de una carestía que repercute en el aumento del alimento base de los mexicanos, que lesiona la soberanía alimentaria del país y representa una amenaza para la estabilidad social y política de la nación.
A las debilidades estructurales en materia de política económica y agrícola –agravadas por fenómenos coyunturales, como ocurre actualmente– ha de sumarse la indolencia de la actual administración federal, la cual no sólo desestima el potencial explosivo de estos fenómenos, sino lo incrementa con la aplicación de medidas como el alza en tarifas oficiales de los combustibles y la electricidad, que incrementan los costos de la cadena de producción y distribución de alimentos y son, en consecuencia, lesivas para la economía de la población.
Lejos de presentar como soluciones las mismas medidas que han llevado a la ruina actual al campo mexicano –es justamente el aumento en las importaciones del maíz y otros productos básicos lo que ha generado dependencia alimentaria y extendido la pobreza entre millones de campesinos–, lo procedente y necesario es ensayar un viraje en las políticas económica y agrícola diseñadas por gobiernos extranjeros y organismos financieros internacionales, cuyos beneficiarios en nuestro país se reducen a un puñado de grandes empresarios, especuladores y a un reducido sector agroindustrial.
En la actualidad, la verdadera solución al desabasto y encarecimiento de los alimentos pasa por el apoyo gubernamental a los pequeños productores, a fin de recuperar, con ello, el terreno perdido en materia de autosuficiencia alimentaria. Aunque resulte mucho más barato importar maíz de otros países que producirlo en el nuestro, y aunque los subsidios y los límites arancelarios sean vistos con recelo por la ortodoxia neoliberal, en el momento actual debe imponerse el sentido de salvaguardar y restañar la soberanía alimentaria, asegurar la alimentación básica de la población y preservarla ante las fluctuaciones de los mercados mundiales.
