El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió en 2009 diversos bienes en donación: más de 200 mil juguetes, prendas de vestir y vehículos, entre otros, con valor de 7.7 millones de pesos, los cuales no fueron utilizados ni cedidos a instituciones de asistencia social, como ordena la normatividad.

En la revisión de la cuenta pública de ese año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también detectó que el organismo contrató 23 por ciento más de las plazas autorizadas para ese año, lo que representó una erogación extraordinaria por casi un millón de pesos.

La revisión al DIF incluyó mil 100 millones de pesos que representan 80.8 por ciento de los recursos asignados al rubro de Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa, en el cual se encuentran las acciones de atención a personas con discapacidad, protección y desarrollo integral de la infancia, atención a familias y población vulnerable y las estancias infantiles.

En el desglose de los resultados de la auditoría, el organismo señala que el DIF rebasó en 81 plazas (23 por ciento) el número total autorizado (de 352) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sobre la situación detectada en los almacenes del organismo, señaló que se encontraron bienes informáticos de lento y nulo movimiento desde 2002, entre otros: cartuchos, tóner, disketes y cintas para impresora, con un valor de 844 mil pesos.

También se encontraron bienes donados en 2009 con un valor de 7 millones 773 mil 900 pesos. Eran 24 vehículos por 4 millones 206 mil pesos; 26 mil 45 prendas de vestir por 2 millones 416 mil pesos; 206 mil 469 juguetes valuados en 456 mil 200 pesos, así como otros bienes con valor de 695 mil pesos.

Los artículos se conservaban en su envoltura original, a pesar de que la normativa del DIF señala que una vez recibidos deben ser utilizados en el transcurso de los siguientes seis meses, o transferirlos a las áreas del sistema o cualquier otra institución o asociación que preste servicios de asistencia social.

En el reporte, la ASF advierte que en años recientes se han detectado deficiencias en la documentación comprobatoria de los gastos realizados en los programas asistenciales, en las ministraciones y transferencias de recursos a los DIF estatales y se ha observado sustracción de bienes en almacenes.

Para la auditoría de la cuenta pública 2009, se encontró que con la finalidad de evaluar el programa Atención a personas con discapacidad, el DIF solicitó a cinco de los sistemas estatales un informe ejecutivo con los objetivos, avances, número de beneficiarios y los recursos federales no ejercidos. Sólo dos entidades atendieron la solicitud, mientras Puebla, Quintana Roo y Veracruz no lo hicieron.

Respecto de otras estrategias, prevaleció la falta de información y retraso en la ejecución de acciones, por lo que no fue posible medir su impacto en el ejercicio de la revisión.

Sobre el programa de estancias infantiles que se lleva a cabo de forma conjunta entre el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), se encontró que las reglas de operación carecen de indicadores específicos para el DIF, por lo que no es posible delimitar su actuación y medir su aportación en los objetivos y metas del programa.

No obstante lo anterior, la ASF determinó que el DIF cumplió con las disposiciones normativas en cuanto a presupuestación, administración, autorización, compras, pago de bienes y servicios, entre otros, respecto de los programas revisados.