Las autoridades judiciales de Puebla giraron orden de aprehensión contra 12 militantes del PRD, a quienes se les acusa de motín electoral, luego de la inconformidad que generaron en los comicios en el municipio de Atempan, el 4 de julio de 2010.

A pesar de que el Instituto Electoral del estado (IIEP) validó las votaciones, y cometió varias irregularidades en el registro de candidatos, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha decidido ir tras los perredistas, sin haberles notificado del proceso en su contra ni haberlos citado para escuchar su testimonio, denunciaron en entrevista algunos implicados.

El conflicto se inició cuando el IIEP otorgó el registro como candidato del Partido del Trabajo (PT) a José Tomás Flores Benítez, en vez de a José Miguel Mora Cabrera, quien impugnó el nombramiento y lo obtuvo en forma temporal.

La aparición de Flores Benítez como abanderado oficial del PT generó gran inconformidad entre los simpatizantes de Mora, quienes lograron cerrar 25 por ciento de las casillas en Atempan el día de las votaciones.

A pesar de lo anterior, los comicios se realizaron, y el ganador fue Antonio Basilio Ortiz, abanderado de la coalición Compromiso por Puebla (PAN, PRD, Panal y Convergencia), informó en entrevista Víctor Arroyo Hernández, uno de los acusados.

Debido a las irregularidades en el proceso, el PRI impugnó por todos los medios los resultados y logró que el IIEP anulara las elecciones y convocara a renovarlas, pero otra vez dicho instituto dio marcha atrás en su decisión inicial y terminó por validar todo el ejercicio.

Aunque las votaciones fueron dadas por buenas, las autoridades electorales acusaron de motín a 12 integrantes del PRD: Benjamín Aburto, José Maurilio Contreras, Víctor Arroyo, Jordán Guerrero, Froylán Vega, Fernando Téllez, Armando Vega, Sixto López, Constantino Rivera, Eulogio Hernández, Francisca Clemente y Julián Contreras.

Sin embargo, aseguraron, el IIEP no les hizo llegar notificación alguna de las acusaciones en su contra ni les dio oportunidad de brindar su testimonio sobre lo ocurrido el 4 de julio de 2010, por lo que interpretan esta acción como un acto de hostigamiento judicial, debido a su militancia política y social.

Esto fue un acto arbitrario que busca descabezar a la oposición rumbo a 2012. Exigimos que se dé transparencia al proceso para no castigar a gente inocente, y que se cancelen las órdenes de arresto, afirmaron.