La discusión sobre subir o bajar impuestos, o exentar algunos productos de tales gravámenes, carece de sentido si no está vinculada a una reforma fiscal, la que, a su vez, debería estar atada al tema de la seguridad social. Ahora, estamos en la ruta equivocada en la construcción del sistema de salud, afirmó Santiago Levy Algazi, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En una amplia exposición ante miembros de la Academia Nacional de Medicina y funcionarios de la Secretaría de Salud asistentes al simposio Algunos problemas globales de salud de impacto local, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostuvo que los programas sociales con los que se han pretendido subsanar carencias, como el acceso a la salud, sólo han servido para fomentar la informalidad.

Y eso, explicó, porque al existir estrategias como el Seguro Popular que se ofrece prácticamente gratuito, que no le cuesta a los patrones, los trabajadores tienen que optar entre un empleo en el que su salario sea mayor porque no le aplican ningún tipo de descuento, u otro en el que se tomen parte de sus percepciones para financiar las prestaciones como el servicio de salud, las pensiones, el acceso a créditos para vivienda, entre otros.

Resulta entonces –señaló– que a los empleados formales se les cobran los beneficios sociales que recibe, mientras los informales también disfrutan de ellos, pero no tienen que pagar nada. Y es que los recursos provienen del subsidio federal que Levy estimó en ocho por ciento sólo para financiar los servicios médicos del Seguro Popular.

En este grupo también se encuentran las pensiones que desde 2007 otorga el gobierno federal a los mayores de 70 años, o las guarderías que financia la Secretaría de Desarrollo Social.

Con la ponencia Universalización de la salud o de la seguridad social, Levy presentó una propuesta para crear una contribución para los derechos sociales universales, la cual sería pagado por todas las personas, independientemente del tipo de empleo que tengan. Los recursos se utilizarían en el financiamiento de los derechos sociales (salud, pensiones, guarderías).

El debate sobre aumentar el IVA, exentar o no ciertos productos es la mitad de la discusión. Lo que se debe hacer es plantear para qué se quiere el dinero, a dónde se le debe destinar y bajo qué ley, apuntó.

Respecto de las pensiones, Levy Algazi presentó algunos de los análisis que ha realizado, por ejemplo, sobre la movilidad de las personas entre puestos de trabajo formales e informales.

Encontró que los individuos con más bajos ingresos cambian con más frecuencia entre uno y otro ámbito, y que en promedio pasan la mitad de su vida laboral en la informalidad. Levy recordó que cuando las personas trabajan por su cuenta o en empresas pequeñas que no están registradas ante el IMSS, no sólo pierden el derecho a los servicios médicos sino que también sus cuentas individuales para el retiro son afectadas, pues durante ese periodo se suspenden las aportaciones.

La ley señala que para tener derecho a una pensión mínima garantizada (el equivalente a un salario mínimo) el trabajador debe cotizar al Seguro Social durante 25 años, pero en los casos de personas como las mencionadas, que la mitad de su vida trabajan por su cuenta o en la informalidad, requieren de unos 50 años de trabajo y de ahorro para alcanzar una pensión mínima.

Entonces, dijo Levy, el mensaje que se manda a ese sector de la población es que si de cualquier manera no podrá reunir el monto suficiente para su jubilación, no hay caso de que esté en un sistema de cotización. Por eso, sostuvo, el esquema actual fomenta la informalidad.

Antes de la participación de Levy Algazi, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos hizo una presentación en la que desglosó los principales retos que enfrenta el sector, para luego plantear el proyecto para lograr un sistema universal de salud, en el que participarían el IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular como prestadores de servicios. Habría un solo mecanismo financiador que se alimentaría con la instauración de un impuesto general para toda la población. El funcionario se retiró del auditorio de la Academia Nacional de Medicina antes de la ponencia del ex director del Seguro Social.