La fracción del PRI en el Senado demandó al gobierno de Felipe Calderón que informe al Congreso sobre los resultados de la estrategia en materia de seguridad, ya que cada vez son más frecuentes los asaltos violentos en los que también participan integrantes de los cuerpos policiacos y servidores públicos encargados de combatir la delincuencia.

Por el tricolor, la senadora Norma Esparza destacó en un punto de acuerdo que “la magnitud sin precedente de secuestros y asesinatos –ahora masivos– son la clara evidencia del fracaso rotundo de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada”.

La legisladora subrayó que la delincuencia y el clima de inseguridad no sólo azota con sus graves efectos a quien lo sufre personal o familiarmente, también conlleva el empobrecimiento del círculo social y laboral de las comunidades que integran la nación.

A su vez, el perredista Tomás Torres propuso al Senado que se emita un decreto de emergencia para preservar los derechos de los ciudadanos en los operativos y acciones del gobierno federal contra el crimen organizado.

En tribuna, Torres dijo que en la guerra que ha emprendido el gobierno mexicano contra el crimen, muchos ciudadanos no han contado con ninguna garantía. Personas inocentes han muerto o han sido gravemente heridas por acciones de las fuerzas federales desplegadas para combatir la espiral de violencia e inseguridad. Esto es inaceptable, pero lo es más aún que desde el gobierno existan voces que consideren esta situación justificable o necesaria.

Demandó: Es urgente establecer reglas y protocolos de actuación de las policías y militares que permitan preservar la vida, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos en el marco de las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir al crimen organizado y la situación de violencia que afecta al país.

Propuso nueve reglas generales para preservar la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos, entre las que plantea que la actuación de las instituciones de seguridad y de los elementos de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia, se rija por los principios de legalidad, eficiencia, racionalidad, profesionalismo, corresponsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Además, señala que “la Policía Federal y las fuerzas armadas están obligadas a remitir al Consejo Nacional de Seguridad Pública sus protocolos táctico-operativos, y éste podrá emitir observaciones a los mismos.

En el caso de los retenes temporales, se deberá contar con señalización de identificación, puntos de prerrevisión, donde se informe a los ciudadanos, a fin de evitar confusiones; cámaras de video, mecanismos de inmovilización de vehículos que no atiendan la revisión, y elementos militares y policiacos debidamente capacitados.

Desde su escaño, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Rosario Ibarra, expresó que se han recibido innumerables quejas de personas agraviadas. “Ha habido muertes que han llevado a cabo los soldados. Una mujer me llevó las fotografías de sus hijos de 5 y 9 años de edad, que recibieron balas en un retén militar y fueron los soldados los que dispararon. Le quebraron el brazo a su esposo y una pierna a su hermano. Como éste tengo infinidad de casos.

Las lágrimas que he guardado por la desaparición forzada de mi hijo volvieron a fluir al ver a la pobre gente que va a mi oficina a reclamar por las cosas que está  haciendo el Ejército, dijo.

Finalmente, la propuesta de decreto del perredista Tomás Torres fue turnada a comisiones para su estudio.