Al presentar su informe de labores 2010 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, destacó que las estrategias en materia de seguridad pública requieren de una constante evaluación para determinar su funcionalidad y conveniencia. El recuento de los logros y desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas.

Un aspecto necesario en esa evaluación, señaló el ombudsman, debe ser el respeto a los derechos humanos. La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de las garantías.

Frente a senadores y diputados, Plascencia Villanueva refirió que el año pasado la sociedad experimentó momentos difíciles de la vida nacional, caracterizados por enfrentamientos entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, que dejó el número más alto de muertes violentas de los últimos años.

Esa situación, aseveró el titular de la CNDH, “provocó una injusta afectación en la esfera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia: 111 personas inocentes, sin vínculos con delito alguno, perdieron la vida el año pasado en los operativos de seguridad pública; en la inmensa mayoría de los casos aún aguardan que se haga justicia”.

Denunció que otro de los problemas complejos a superar durante el año pasado fue la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se les atribuyen, en función de hechos concretos y verificados. Es lamentable el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos, como si el quebrantamiento del estado de derecho garantizara un mejor futuro para el país.

Plascencia Villanueva acusó: Varias de nuestras autoridades gubernamentales todavía encuentran dificultades para una inmediata aceptación de las recomendaciones que emitimos. Son instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos y no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública; pese a ello, hemos podido lograr avances.

Enseguida citó a las autoridades que se han negado a aceptar las recomendaciones que les ha emitido: Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Seguridad Pública federal, Petróleos Mexicanos, los gobernadores de Chihuahua y San Luis Potosí, así como los congresos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Además, mencionó a los ayuntamientos de Acatlán, Puebla; Metlatónoc y Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; San Juan Yatzona y Santa María Yalilna, Oaxaca; San Juan Evangelista y Agua Dulce, Veracruz.

A los funcionarios y autoridades de los tres niveles de gobierno que no aceptaron las recomendaciones les hizo un llamado para que asuman el mandato encomendado por la sociedad como un servicio en beneficio del estado de derecho. El no aceptar los recursos equivale a asumir un desprecio por la cultura de la legalidad y la falta de interés por fortalecer los derechos humanos como valores de la democracia moderna.

En su recuento de las actividades efectuadas en 2010, el ombudsman nacional informó que emitió 86 recomendaciones. Expuso que el número de agravios al derecho a la protección de la salud aumentó hasta llegar a ocupar el segundo lugar de quejas recibidas por este organismo, y se giraron 12 recomendaciones al sector salud.

La migración, dijo, continúa siendo uno de los temas de mayor preocupación para el Estado mexicano. A lo largo del año que se informa se registraron diversos casos de violaciones a los derechos de los migrantes, incluidos homicidios, secuestros masivos, como los registrados en Tamaulipas y Oaxaca.

Plascencia Villanueva apuntó  que es de particular relevancia la atención a niños y adolescentes, la cual se encuentra relacionada con la prevención y el tratamiento del abuso y la violencia en las escuelas. “El acoso escolar (bullying) es una práctica de escuelas públicas y privadas que atenta en contra del derecho a la educación y a la integridad física y sicológica de los menores”.

Advirtió que la población escolar y la sociedad con frecuencia desconocen las dimensiones de los daños que causa esta práctica, que consiste en cualquier forma de maltrato sicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada y que puede llegar a excluir socialmente a los afectados.

Al concluir su informe, en conferencia de prensa, comentó que la CNDH está dando seguimiento a cada uno de los casos de las personas muertas en los operativos de seguridad. “Estamos analizando la cifra de los 15 mil muertos de los que informé  el gobierno federal, identificando con nombre y apellido de quién estamos hablando, las circunstancias en las que se dio cada uno de estos sucesos, y lo que hemos obtenido hasta el día de hoy es la cifra de 111 que he informado.

En su momento podremos dar a conocer la radiografía del resto de los casos que también ameritan una investigación por parte de las autoridades competentes para detener a los responsables de estas muertes.