Por considerar que viola derechos consagrados en la Carta Magna, Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional del PRI, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, aprobado el 16 diciembre de 2010 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El recurso legal –que se presentó el viernes pasado ante el máximo tribunal del país– recayó en la ponencia del ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien ya emplazó a la ALFG a que en un plazo de seis días naturales presente un informe para defender la legalidad de dicha aprobación.

En su impugnación, la lideresa priísta hace valer seis conceptos de invalidez, entre otros: los requisitos impuestos para la creación de nuevos partidos políticos locales; los días de precampaña para los aspirantes a gobernar esta ciudad, y las funciones de la contraloría del Instituto Electoral del Distrito Federal.

En el tema de los partidos políticos locales, Paredes amplía sus alegatos, incluso cita tesis del ministro José Ramón Cosío Díaz. Argumenta que el porcentaje impuesto en dicho código –2 por ciento del listado nominal para crear nuevos institutos políticos en esta ciudad–, es restrictivo y desproporcionado, a grado tal que vulnera uno de los derechos fundamentales que fija la Constitución, el de libre asociación.