La única forma de restaurar los derechos que ha violentado el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en el tema de la supervía poniente es con la suspensión de la obra, en tanto no se realice una consulta pública que garantice una participación amplia plural e informada por parte de la ciudadanía.

La Comisión de Derechos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 1/2011 en la que documenta violaciones a los derechos de seguridad jurídica, información y participación ciudadana, además de afectaciones a los derechos a un medio ambiente sano, acceso al agua y a una vivienda adecuada. Algunas de las violaciones fueron no sólo en agravio de los peticionarios, sino de todos los habitantes de la ciudad de México.

El exhorto cuenta con 10 puntos recomendatorios. En él se asegura que el GDF ha actuado fuera de la ley y que la administración de Marcelo Ebrard propicia una percepción social de discriminación, pues, en este caso, favorece una vía para el uso del automóvil particular, que además de ser de cuota conecta dos zonas de alto nivel socioeconómico en detrimento de una zona de bajo nivel socioeconómico.

La CDHDF documentó que el GDF no cuenta con una estimación certera y técnicamente consistente sobre la magnitud de los daños que generará la supervía, y ha incumplido con diferentes leyes, como la ambiental, la de participación ciudadana y la del régimen patrimonial y del servicio público. Además de pasar por alto sus propios decretos, como la declaratoria como área de valor ambiental (AVA) de la barranca de Tarango.

Entre las recomendaciones está: suspender la obra; reconstruir el tejido social en La Malinche; realizar una consulta pública; valorar otras alternativas de vialidad; capacitar a mandos medios y superiores en temas de derechos ambientales; garantizar la transparencia y reconocer públicamente el derecho legítimo de los ciudadanos a defender sus garantías.

Horas después de que se hiciera pública la recomendación, más de 125 organizaciones de la sociedad civil respaldaron el exhorto de la CDHDF. Solicitaron a Ebrard que acepte en su totalidad la recomendación, pues de lo contrario habría una contradicción con los compromisos adquiridos por su administración en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) y la Carta de la Ciudad de México.

El padre Miguel Concha Malo calificó la recomendación de ejemplar; en tanto, el Instituto de Acceso a la Información Pública local ordenó a la Oficialía Mayor hacer públicos los anexos de los títulos de concesión de la supervía y dar a conocer los aspectos financieros del proyecto, como el plan financiero y la recuperación total y tasa interna de retorno.