Los argumentos de los tres jueces que absolvieron y liberaron a Sergio Barraza, presunto asesino de la joven Rubí Frayre Escobedo, son inválidos, porque se basaron en elementos estrictamente técnicos, sin tomar en cuenta el entorno social en el que ocurren los feminicidios, y además fueron aplicados con un doble rasero, afirmaron activistas de derechos humanos.

Andrea Medina, enlace en el Distrito Federal de la Red Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, subrayó que de acuerdo con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dadas a conocer al Estado mexicano, los asesinatos de mujeres por motivos de odio no pueden investigarse como si se tratara de cualquier otro caso de violencia.

Los magistrados “no pueden responder con argumentos meramente técnicos y jurídicos, sin tomar en cuenta que los feminicidios son un fenómeno estructural. Sus explicaciones son superficiales y sin validez. Si el asunto es tomar la interpretación más corta del Código Penal, entonces que absuelvan a todo mundo”, ironizó.

Aun si la investigación hubiera estado mal formulada, este aspecto también es responsabilidad de las autoridades, junto con la capacitación de jueces en perspectiva de género, por eso los asesinatos de Rubí Frayre y Marisela Escobedo pueden considerarse crímenes de Estado, acusó Medina.

Francisca Galván, integrante del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, consideró que los jueces aplicaron un doble criterio en el caso de Sergio Barraza, a quien se apresuraron a dejar libre cuando pudieron haber explorado otros recursos para asegurarse de su inocencia o culpabilidad.

Tuve la oportunidad de estar en el juicio de casación, y si hubieran conocido la convención (interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) de Belém do Pará, hubieran apelado a la justicia para no dejar en libertad a una persona que tenía indicios de ser el responsable del homicidio, afirmó.

En un caso similar, recordó Galván, los jueces Boudid y Zúñiga sí tomaron como prueba un testimonio endeble, incluso obtenido bajo tortura, para encarcelar a dos acusados de robo. Lo anterior prueba que utilizan doble criterio en situaciones parecidas.

También hubieran podido dictar medidas cautelares, dejar que los defensores apelaran y no liberar a Barraza de forma inmediata. Tuvieron varias alternativas, pero no las utilizaron, puntualizó.