La Secretaría de Salud (Ssa) adquirió en diciembre pasado un seguro con la empresa Afirme Seguros por 72 millones de pesos para proteger a los 136 mil 640 médicos cirujanos, dentistas y enfermeras que dan servicio en esa institución pública.

Sin embargo, de acuerdo con un recurso de impugnación presentado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por otra de las compañías aseguradoras que participaron en la licitación pública nacional número 00012001-026-10, Afirme no demostró en el concurso que disponga de abogados especialistas en derecho sanitario.

La SFP revisa actualmente si hay elementos para anular el resultado de esa licitación y, en su caso, ordenar que se reanuden las bases de una nueva licitación. 

La contratación del seguro que hizo la Ssa fue para dos años, por lo que está vigente la póliza desde el primero de enero de 2011 y concluye el 31 de diciembre de 2012.

El contrato impugnado se adjudicó a Afirme Seguros en una contienda en la que participaron compañías como ACE, Corporativo Jurídico Sanitario, SA de CV, Banorte, GMX e Inbursa.

La mitad del costo de este seguro es pagado por la Ssa y el otro 50 por ciento se descuenta del salario de los médicos que prestan su servicio a esa institución.

El argumento central de la impugnación que presentó Corporativo Jurídico Sanitario refiere que debe revocarse el resultado de esta licitación, porque el único requisito que puso la Ssa a las aseguradoras participantes fue demostrar que sus abogados cuentan con cédula profesional.

Se ingresa la presente inconformidad ante la SFP principalmente impulsado por el cumplimiento de las premisas constitucionales contenidas en el artículo 134 que se refieren a los conceptos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para licitaciones públicas, pues, en verdad, quienes están inmersos en los problemas que generan las reclamaciones derivadas del acto médico tienen una mediana visión de lo que puede ocurrir si no se exige la mayor calidad en la atención de las mismas por profesionales expertos en los temas de derecho sanitario, sostiene la demanda de inconformidad de Corporativo Jurídico Sanitario en poder de La Jornada.