El Instituto Federal Electoral (IFE) exhortó a la Secretaría de Gobernación a que continúe la mesa de diálogo en torno a los alcances y riesgos de la cédula de identidad y, en especial, se preserve la credencial para votar con fotografía como la única identificación oficial para adultos.

Los consejeros no se oponen a que el gobierno expida un documento de este tipo para menores de edad (proceso que arranca el próximo lunes en seis entidades del país), pero advierten que la existencia de dos mecanismos de identidad para mayores de 18 años afectaría el proceso electoral de 2012.

El padrón electoral, dijo el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, debe seguir siendo administrado de manera exclusiva por este organismo electoral.

Durante la sesión del Consejo General del IFE, representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo coincidieron en afirmar que hay muchas dudas en torno al proyecto de Gobernación, particularmente en la forma en que se garantizará la confidencialidad de la base de datos e incluso del destino de los 700 millones de pesos con los cuales la dependencia pretende realizar la primera etapa de la expedición de esa credencial para menores de edad, sector calculado en casi 26 millones de personas.

Los legisladores afirman además que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no fue autorizado ni un solo centavo para la cédula.

Así que el riesgo es que al final del sexenio nos enteremos que la expedición de la cédula es el negocio de algún personaje cercano al gobierno y que todo se reduzca a un desfalco. El debate es serio y no se ha dado respuesta puntual al destino de los recursos ni de los mecanismos de protección de datos de las personas. La autoridad debe ser precisa y garantizar que los datos biométricos tengan un grado de seguridad suficiente y no terminen vendiéndose en Tepito, advirtió Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el consejo general del IFE.

Quienes tomaron la palabra durante la sesión señalaron que el tema de la cédula de identidad genera más suspicacias que certezas. Los representantes partidistas y del Congreso mencionaron que la información de Gobernación ha sido contradictoria y no ha logrado despejar las preguntas básicas sobre ese programa. Insistieron en que los 700 millones en referencia no están etiquetados para expedir la cédula, de ahí que es una irregularidad que deberá indagar la Auditoría Superior de la Federación

Canek Vázquez (PRI), presidente del grupo especial integrado en la Cámara de Diputados para analizar este tema, insistió en que la actitud de Gobernación es una “chicanada del Ejecutivo al pasarse por el arco del triunfo los acuerdos de 2009 y 2010. No nos quedaremos de brazos cruzados. El gobierno no manejará este proyecto de manera arbitraria”.

El tema fue llevado a la mesa del Consejo General por el PRD, cuyo representante, Rafael Hernández, manifestó que la expedición de la cédula es una decisión unilateral y competencia desleal del gobierno federal hacia el IFE y el Registro Federal de Electores (RFE).

El consejero presidente del IFE indicó que es necesario consolidar la credencial para votar como medio de identificación, y potenciar la experiencia y recursos invertidos durante los pasados 20 años en este documento símbolo de certeza de nuestros procesos electorales.

En tanto, Francisco Guerrero, presidente de la comisión del RFE, recordó que en 2009 y 2010 hubo diversas reuniones y se llegó al consenso de que si bien el Estado debe garantizar el derecho de identidad a todos los mexicanos, también era una prioridad la actualización del padrón electoral y el ahorro de recursos públicos.

Los consejeros continuaron en el diálogo con Gobernación con el acuerdo del resguardo y actualización del padrón electoral, “consenso que un año después y como resultado de casi dos años de pláticas se está dañando innecesariamente (…) Si la dependencia se concentra en los menores de edad, les deseamos suerte, pero sí se pediría que se respeten los acuerdos anteriores”, señaló Guerrero.