A pesar de que los secuestros en la ciudad de México disminuyeron un 24 por ciento, “existen focos alarmantes en la comisión de ese delito, pues ahora se realizan con más crueldad en el país, con daño patrimonial más severo a las víctimas y la incursión de sicarios del narco”, afirmó Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

En entrevista, el diputado perredista detalló que esa situación llevó a que en fechas recientes, cuando se discutieron y aprobaron reformas al Código Penal del Distrito Federal en esa materia, hubo legisladores que se pronunciaron por la pena de muerte, lo que es una situación que preocupa.

Detalló que en las modificaciones que avalaron los diputados locales se hicieron más severas las penas para el rapto; se elevaron de 50 a 70 años de prisión, siendo que la legislación federal lo castiga con 20 a 70 años.

Al referirse a la conducta de esos delincuentes, expresó que hay ocasiones en que las bandas llegan al extremo de matar a sus víctimas porque saben que si los capturan enfrentarán cárcel de 70 años, es decir, ya no saldrán de prisión. Saben que ya nada más cruel les puede pasar.

Moreno Rivera añadió que en cuanto al número de casos, el estado de México está pasando a ser la cuna del secuestro, lugar que antes tenía Morelos, mientras en el Distrito Federal la tendencia va en sentido contrario.

Al respecto, dijo que se promovió una iniciativa de ley que está por dictaminarse en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, con la que se protegerá a las víctimas de esos ilícitos. Ya se puso atención en los delincuentes con reformas que hacen más duras las penas; ya es hora de enfocar las baterías en la gente que llega a pasar por esas situaciones.

Resaltó que en el proyecto de dictamen de la Ley de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro para el Distrito Federal se prevé la restitución íntegra de lo que se pagó por el rescate, cuando se hayan decomisado los bienes de los agresores.

También se incluye la indemnización del daño material y moral causado; se establece que la víctima no perderá su empleo y se le suspenderán las obligaciones de carácter fiscal, contractual, mercantil, administrativo, laboral, familiar y civil, además de que el IMSS o el ISSSTE cubrirán el salario del secuestrado como si tuviera una incapacidad no profesional.

La propuesta garantiza que el secuestrado no pierda su empleo y que la autoridad judicial decrete la suspensión de la relación laboral desde la fecha que ocurre el rapto hasta la liberación, además de que se impone a las escuelas públicas o privadas otorgar becas a las víctimas indirectas del secuestro para que puedan continuar con sus estudios, hasta el momento en que sea liberada la persona secuestrada.