Tijuana, BC. La trasnacional estadunidense Sempra Energy se estableció en México al amparo de empresarios y políticos panistas y priístas, pese a que en su país ha sido identificada por alentar actos de corrupción, malversar recursos de los contribuyentes y actuar negligentemente en los mayores incendios en la historia de San Diego, California.

Con la aquiescencia oficial, fue la primera empresa extranjera en producir energía eléctrica en territorio mexicano. Aprovechó la construcción –con recursos públicos– de la autopista Bicentenario para tender debajo un gasoducto entre Ensenada y Mexicali. Pasó por alto las leyes civil y ecológica del país al levantar la única planta regasificadora de producto licuado natural en el litoral de la península de Baja California, y ahora pretende instalar un campo eólico en la sierra de Juárez.

En la región sur de California, Sempra es la encargada de los servicios público y privado de electricidad. Durante la crisis energética de 2001 fue responsable –junto con Enron– de maniobrar el mercado con objeto de allegarse ganancias récord.

Cinco años después manipuló el suministro de gas natural para subir su precio, desviándolo de sus plantas en San Diego a una termoeléctrica –también de su propiedad– en Mexicali. Por esos actos ilegales debió pagar multas en su país por un monto superior a 800 millones de dólares.

Durante los pasados 15 años extendió su influencia en México. En los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, los principales directivos de la firma han recibido trato preferente y gozado de derecho de picaporte. Consiguieron las lealtades de Eugenio Elorduy, ex gobernador de Baja California, y de su hija, Érika Elorduy, quien fue contratada como apoderada legal de una filial de la trasnacional.

La empresa también se asoció con reconocidos empresarios, como Gastón Luken y Eduardo Bours Castelo –ex gobernador de Sonora–, quienes, dada su pertenencia al poder político mexicano, le abrieron la puerta de éste.

En ese entorno, la trasnacional aprovecha sus relaciones inconfesables con el ex gobernador Eugenio Elorduy para convertir a Baja California en el cuarto de máquinas del sur de Estados Unidos; ambos socios utilizaron los bienes de la nación para favorecer sus intereses por encima de la colectividad, refiere Jaime Martínez Veloz, ex candidato perredista a la gubernatura de Baja California, integrante de la Comisión para la Concordia y la Pacificación y en la actualidad interesado en revelar la verdad histórica en el caso del daño ecológico y social que Sempra Energy provoca en suelo mexicano.

La consolidación de la empresa en el país se dio en medio de la transición política del priísmo al panismo. Ernesto Zedillo les prometió la participación en el mercado mexicano de energía eléctrica desde febrero de 1999. Vicente Fox impulsó y consiguió la aprobación en el Congreso para la apertura al sector privado en la industria eléctrica, y Felipe Calderón inauguró la planta regasificadora de Sempra en Ensenada.

Hace siete años, la trasnacional comenzó a operar la termoeléctrica de Mexicali (planta de ciclo combinado que utiliza tanto gas natural como combustible líquido) con el fin de producir 625 megavatios de energía, suficiente para abastecer 470 mil hogares estadunidenses.

En 2004 los gobiernos federal y estatal dieron el visto bueno final para la construcción de la planta de almacenamiento de gas natural licuado. Ubicada 78 kilómetros al sur de Tijuana, la obra violó el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, que impide erigir industrias de alto riesgo en la zona.

El interés sustancial de Sempra Energy por instalar la planta regasificadora en territorio mexicano –en la zona más cercana a Estados Unidos– se desvela al entenderse que la Comisión de Servicios Públicos de California impide la construcción de ese tipo de industrias en el litoral de la entidad estadunidense. El argumento está centrado en la peligrosidad que representa el elevado almacenaje de gas licuado natural –procedente de Indonesia– para los asentamientos urbanos aledaños.

Pese a conocer lo anterior, las autoridades permitieron la construcción de la planta, inaugurada el 28 de agosto de 2008 por Felipe Calderón, Donald E. Felsinger –presidente de Sempra–, Luis Téllez, Carlos Ruiz Sacristán y Gastón Luken.

Se pretendía entonces que la regasificadora generara cientos de empleos, pero la realidad es muy distinta: la plantilla laboral es de 80 trabajadores, incluyendo funcionarios y operadores.

La expansión de Sempra Energy también tocó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE): se firmaron dos contratos para el abastecimiento de gas natural a plantas generadoras de energía de la paraestatal, por un monto superior a 20 mil millones de pesos, pagaderos entre 1998 y 2022.

A lo anterior se suma el nuevo proyecto para instalar un complejo de rehiletes aerogeneradores de energía en la sierra de Juárez. A pesar de la oposición de grupos ecologistas y académicos, que denuncian el grave deterioro ecológico y social que sufrirá la zona, las autoridades federales y estatales mantienen su respaldo a la trasnacional.

La falta de transparencia y el desorden legal que persiste en Baja California acerca de estos temas fueron eludidos por el ex gobernador Elorduy cuando justificó la construcción de la planta regasificadora en el litoral conocido como Costa Azul, en el municipio de Ensenada.

Por lo que se refiere al almacenamiento, regasificación y conducción de gas natural licuado en Costa Azul, se ha cumplido con la planeación urbana y la normatividad de protección al ambiente, contando con las autorizaciones necesarias de los gobiernos federal, estatal y municipal, afirmó entonces.

Ahora, el área protegida del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada se encuentra en riesgo de consolidarse como el cuarto de máquinas no sólo de California, sino de México, y va en camino de serlo: en la zona de Costa Azul ya se construye una planta de la empresa Z Gas y se proyecta una nueva central generadora de energía eléctrica de la CFE.