La activista de derechos humanos Alba Cruz, quien ha defendido a víctimas de tortura y encarcelamiento injusto en Oaxaca, recibió un nuevo mensaje intimidatorio, que se suma a las anteriores tres amenazas de las que ha sido objeto, lo cual llevó a la organización Amnistía Internacional a declarar una acción urgente al respecto.

El pasado 11 de enero, la también abogada recibió en su teléfono celular un mensaje que decía: sabemos más de tus protegidos que tú cuántos pasos por cuadra [...] no aceptaste lo que te ofrecimos [...] ya bolvimos (sic), enviado desde el mismo número del que ya había recibido otras amenazas contra ella y uno de sus clientes.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) detalló en un comunicado que Cruz ya había sido blanco de mensajes intimidatorios por la misma vía –el 26 de enero y el 11 de marzo de 2010–. Además, el 29 de enero de ese mismo año un desconocido la tomó del brazo al salir de su oficina y le dijo: cálmate, pendeja, sería tan fácil llevarte.

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano que otorgue medidas de protección en favor de la activista, y aunque las autoridades se pusieron en contacto con ella, nunca hubo cumplimiento efectivo de la disposición de la CIDH, y los agresores siguen en libertad.

Las amenazas contra la abogada comenzaron a raíz de la defensa de varios activistas que participaron en las movilizaciones iniciadas en junio de 2006 en el estado de Oaxaca, en protesta por las condiciones de vida de la población y el carácter represivo del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

A pesar del entorno de violencia, Alba Cruz y otros defensores locales de derechos humanos han continuado con su trabajo, representando legalmente a víctimas de tortura, malos tratos y procesamientos de motivación política, lo cual pone en riesgo su vida, advirtió el comunicado.

Una de las acciones promovidas por Cencos para visibilizar las amenazas contra Cruz es el envío masivo de correos electrónicos al secretario de Gobernación, Francisco Blake; el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y el procurador general de Justicia de dicha entidad, Manuel de Jesús López López, exigiéndoles poner en práctica las medidas de protección para la abogada.