La Habana, 14 de enero. Roberta Jacobson, la funcionaria del Departamento de Estado que habló aquí sobre migración con el gobierno cubano de Raúl Castro esta semana, también se entrevistó con Alan Gross, el estadunidense detenido hace 13 meses, y con el cardenal Jaime Ortega.

Apreciamos el hecho de que ella tuvo la oportunidad de visitarlo, dijo en la víspera en Washington el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, aludiendo a Gross, y agregó que diplomáticos de su país hacen visitas regulares al detenido.

El pasado martes, un día antes de la reunión con el gobierno, Jacobson dialogó unas dos horas con Ortega en el arzobispado de La Habana, en un encuentro estrictamente privado, informó a La Jornada el secretario del cardenal, Nelson Crespo.

Ortega ha gestionado la excarcelación de opositores, de los cuales 40 ya viajaron a España y uno se quedó en La Habana, pero aún quedan presos 11 de los detenidos en 2003. El año pasado el cardenal habló con altos funcionarios de Estados Unidos, incluso Arturo Valenzuela, el jefe directo de Jacobson.

El jueves fue la reunión de la subsecretaria adjunta principal para el Hemisferio Occidental con opositores, que provocó una encendida reacción del gobierno cubano. Ese mismo día, Jacobson platicó con grupos judíos y visitó a Gross, según Crowley.

La visita a Gross es un gesto positivo del gobierno cubano, que debería ser reciprocado por Estados Unidos con una actitud constructiva, que saque los programas de la USAID (agencia estadunidense de ayuda al desarrollo) de la política de cambio de régimen impuesta por la ley Helms-Burton, dijo a este diario el catedrático de la Universidad de Denver Arturo López-Levy, originario de la isla.

La ley Helms-Burton prevé, entre otras acciones, el apoyo oficial estadunidense a los grupos democráticos y de derechos humanos de Cuba. Las actividades de Gross hacia la comunidad hebrea se trataron de implementar sin el consentimiento informado del liderazgo de ese sector, añadió López-Levy.

Gross vino por cuenta de la USAID, para distribuir material de comunicación entre la comunidad judía en Cuba y fue detenido en diciembre de 2009. Todavía no hay cargos contra él, pero las autoridades de la isla lo describen como agente que actuaba contra los intereses del país.

Washington ha reclamado su liberación y considera el caso como la piedra que hace muy difícil avanzar en la relación con La Habana.