Venezuela reafirmó su determinación de ejercer plena soberanía en el manejo de los asuntos relativos a la nacionalización de Cementos Mexicanos (Cemex); es decir, sostiene que la actual controversia con la cementera –una de las más grandes del mundo– debe solucionarse de acuerdo con su legislación interna y no mediante instrumentos extranjeros.

En un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias expuso que en el proceso de arbitraje iniciado por dicha empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ésta entidad le negó el 30 de diciembre último la solicitud relativa a la aplicación del artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.

El citado laudo, señala el documento, reafirma la posición sostenida por Venezuela de que en dicha legislación no existe una manifestación unilateral de voluntad de someter controversias a arbitraje internacional.

La determinación del Ciadi, añade, no implica condena alguna contra nuestro país ni se pronuncia sobre el ejercicio soberano de Venezuela en materia de ordenación de las empresas productoras de cemento.

Pese a tales resolutivos, ambas partes han estado trabajado en un proyecto para alcanzar un acuerdo amistoso, que posiblemente se anunciará en los próximos días.

El gobierno de Venezuela expropió en 2008 los activos Cemex, al igual que a la cementera francesa Lafarge y a la suiza Holcim. Desde entonces, la compañía mexicana interpuso una reclamación en el Ciadi, organismo de protección de inversiones del Banco Mundial.

Por su parte, Cemex confirmó que espera alcanzar pronto un acuerdo con Venezuela sobre la expropiación de sus activos en ese país.

Cemex (....) está en negociaciones avanzadas con el gobierno venezolano y espera que un acuerdo amigable podría ser finalizado pronto, precisó en un boletín.

De alcanzar tal acuerdo no habría necesidad de continuar con el proceso de arbitraje, agregó la cementera, sin dar más detalles.