El embate de la Arquidiócesis de México contra las autoridades del Distrito Federal al tacharlas de talibanes laicistas forma parte de los intereses de la jerarquía católica en el proceso electoral de 2012 para obligar a los candidatos a fijar una postura favorable a la Iglesia, con la intención de dar marcha atrás a las leyes locales que permiten la unión entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar, consideró el defensor de derechos humanos Édgar Cortez Morales.

Dicho señalamiento, indicó, peca de lo mismo que acusa: es decir, de tener una actitud intolerante frente a un proceso legal, legislativo, como es la normatividad que reconoce garantías a este sector de la población.

El también integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) expresó que en el fondo hay un problema en cuanto al tipo de relación entre las autoridades políticas y eclesiásticas.

Existe una enorme permisividad de la autoridad hacia este tipo de posicionamientos de la jerarquía católica, aun cuando el Estado mexicano es constitucionalmente laico.

En el fondo no se reconoce el papel que han jugado quienes ostentan el poder de la Iglesia católica y la influencia que han tenido en autoridades políticas de otros estados para realizar acciones regresivas. Ellos contribuyeron al embate regresivo para criminalizar a las mujeres en el resto del país. Ésa es la contraparte del supuesto discurso de tolerancia de los jerarcas católicos, pues ellos fueron cómplices de la decisión vertical que se tomó en los Congresos locales, sin ningún tipo de discusión racional, recordó.

Consideró que esta permisividad de las autoridades civiles hacia la elite católica se da a cambio de que la jerarquía religiosa no realice un cuestionamiento serio a la actuación de la clase política y, en un momento dado, favorezca a algún grupo en el poder.

En la actualidad, los jerarcas católicos tienen la expectativa de lograr un papel relevante en el proceso para la elección del próximo presidente de la República. Buscan obligar a los candidatos a fijar una postura favorable a sus puntos de vista, creyendo que pueden revertir los avances logrados en esta materia.

Sin embargo, el gobierno entrante no sólo está obligado a mantener la normatividad aprobada, sino a mejorarla, agregó.

La Arquidiócesis de México vuelve a evidenciar una postura en donde con el discurso de la libertad religiosa encubre su verdadera intención: imponer una libertad religiosa en donde la Iglesia católica ostente todos los derechos como única religión que influya en las conductas legalmente aceptadas o no, finalizó.