Culiacán, Sin., 29 de diciembre. Son miles y atraviesan ciudades agolpados en camionetas de redilas y camiones de carga. Se cubren la cara con sombreros, gorras y pañuelos. Dejan asomar los ojos. Generan gran riqueza. Son los jornaleros agrícolas, los de manos y pies cuarteados, los que nadie ve.

En esta entidad –en los municipios de Culiacán, Navolato, Ahome, Guasave y Elota– cultivan tomate, pepino, chiles, papa, berenjena y otras hortalizas. Sus manos, casi siempre morenas, siembran y cortan estos productos, los empacan para su envío, generalmente a Estados Unidos, para traducirse en miles de millones de dólares.

A pesar de eso la mayoría no está inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tampoco tienen viviendas ni guarderías para alojar a sus pequeños, a los que llevan al surco, a las labores del campo.

Un estudio realizado recientemente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa encontró que tres de cada 10 niños trabajan en los campos o empacadoras de hortalizas. El organismo se apoyó en la firma Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, que aplicó 510 encuestas entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2009 y abarcó al menos 50 campos agrícolas de la entidad.

El estudio arrojó que 50 por ciento de los entrevistados dijo no saber que cuenta con derechos humanos, 70 por ciento considera que mujeres y niños han sido víctimas recurrentes de todo tipo de abusos y en la mitad de los campos laboran menores de entre 14 y 16 años.

Tenemos una deuda sumamente importante con los jornaleros agrícolas en Sinaloa, afirmó Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH. Lamentó que esta circunstancia contraste con el calificativo de Sinaloa como el estado granero agrícola de México o líder nacional en alimentos.

Sobre la inseguridad e injusticia, el documento –que dio origen a la recomendación general número 3, girada este año al gobierno estatal y a las 18 alcaldías– señala que las condiciones de hacinamiento y la falta de privacidad son factores que dan pauta a conductas antisociales como robos, agresiones físicas y verbales, voyeurismo y abusos sexuales, entre otras que atentan principalmente contra los derechos de las mujeres y los niños.

Sobre la trata de personas, los focos rojos se encendieron al obtener que 92 por ciento dijo conocer al menos un caso de abuso sexual, compra o venta de personas con intenciones sexuales.

La CEDH advierte que la gravedad de la trata de personas no es sólo por la violencia sexual que implica, sino que las víctimas pueden verse obligadas a realizar trabajos forzados, a contraer matrimonios en condiciones serviles y a la mendicidad forzada y, en casos extremos, sufren la extracción y el contrabando de sus órganos.

Derroche de tecnología

Crescencio Ramírez, presidente de la Red Democrática de los Pueblos Indígenas, aseveró que algunos empresarios contratan a jornaleros por 15 días o un mes, para ahorrarse dinero y evadir inscribirlos al IMSS, pero en casos de accidentes graves las trabajadoras sociales con que cuenta el negocio los afilian rápidamente, en cosa de minutos, para evitarse problemas, mediante el tráfico de influencias.

Ramírez, abogado triqui y defensor de los trabajadores agrícolas, quien fue jornalero en el municipio de Navolato cuando tenía 13 años, lamentó que los horticultores atiendan de esta manera a los jornaleros, les paguen 65, 70 pesos diarios, con el dineral que agarran con las exportaciones de chile, tomate y calabaza a Estados Unidos.

Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación indican que en 2009 la producción de hortalizas fue de un millón 904 mil 101 toneladas, con valor de 8 mil 846 millones de pesos.

Ramírez dijo que la tecnología de punta que usan los horticultores, como la siembra de invernaderos, la biotecnología y el fertirriego, que requirieron inversiones millonarias, insultan las condiciones de vida de los jornaleros, quienes padecen diarreas por las altas temperaturas y mala alimentación, y por el uso de agroquímicos a los que están expuestos y que siguen aplicando con avionetas, aunque estén entre los surcos los trabajadores.

Recordó que en agosto, el jornalero Samuel Gámez Angulo, de 38 años, murió debido a las altas temperaturas, que en Culiacán han alcanzado 49 grados centígrados, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del gobierno estatal.

Tema controversial

Francisco Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, reconoció que el de los jornaleros agrícolas es un tema candente y controversial en el que los empresarios le han echado todos los kilos, pero falta mucho por hacer.

Dijo que por medio del organismo Profamilia de Jornaleros, institución de asistencia privada, se gestionan recursos de organismos nacionales e internacionales en favor de los trabajadores.

Además les damos despensas para compensar la falta de ingresos; los dotamos de mochilas y útiles escolares, y en pocos años se han dado grandes pasos; no estamos hasta el final, pero sí se han logrado avances.

Pero los jornaleros, que suman unos 250 mil en Sinaloa, procedentes de estados como Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas y Veracruz, siguen así –por más que circulen hacinados en los camiones de carga y por más riqueza que generen–: invisibles a las miradas de los servidores públicos y demás ciudadanos.

Para la abogada Teresa Guerra Ochoa, la horticultura sinaloense “ha sido negocio de pocos, en las épocas del boom hortícola se llegó a hablar de 56 familias que controlaban las mejores tierras de riego, la producción y el mercado. En los últimos años en Sinaloa son 17 familias las que obtienen la mayor parte de las utilidades”.

Guerra Ochoa, autora del libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la CEDH, criticó que el gobierno federal haya cedido la política social de atención a los jornaleros y que éstos estén ahora a merced de patrones y capataces, en condiciones de esclavitud.

Mucho dinero

Santiago Martínez tiene 56 años de edad y 13 de venir a Sinaloa a emplearse en los campos hortícolas. Es de Tlaxiaco, Oaxaca, y cada septiembre está aquí. En diciembre o en abril emigra a Baja California Sur para seguir trabajando. Este año, explicó, quizá no se mueva del municipio de Navolato, donde trabaja en esta temporada, porque si los salarios son bajos aquí, allá, más al norte, empeoran: para conseguir 110 pesos tiene que permanecer entre los surcos unas nueve horas.

Aquí los salarios de esos trabajadores son de 65 a 80 pesos diarios, aunque en diciembre, cuando se intensifican las labores, son de 200, siempre y cuando cumplan jornadas de 11 o 12 horas.

Pero Santiago Martínez, que tiene dos hijos, uno de 18 años, quien también labora en la siembra de tomate y chile, apenas gana para comer y rentar un cuarto en la comunidad de Villa Juárez, la más poblada de Navolato. Por el cuarto en que vive paga 600 pesos al mes.

Los patrones tienen mucho dinero, pero no quieren pagar. Yo gano muy poquito porque ellos pagan barato, y yo no quiero quedarme en el campo porque en las casas de allá hay mucho borracho y mariguano, son casas sucias, y aquí estoy mejor, manifestó.