La reforma educativa que obliga al Estado mexicano a impartir educación media superior a todos los jóvenes del país para el ciclo escolar 2021-2022 –aprobada en la Cámara de Diputados a principios de diciembre, y que en febrero será revisada por el Senado– generó controversia y puntos encontrados entre académicos, especialistas y funcionarios.

Se trata de una reforma de buenos deseos; se le puso la soga al cuello a la Secretaría de Educación Pública; no hay condiciones académicas ni presupuestales ni de formación de nuevos docentes, además de que no dará tiempo a cumplirse, aunque el plazo sea de una década, han señalado críticos de la iniciativa recién aprobada. En cambio, los optimistas y promotores señalan que la reforma era necesaria, que es factible y que el hecho de contemplar la meta en la Constitución obligará al Estado a destinar, cuando menos, mayores recursos necesarios.

Para Carlos Muñoz Izquierdo, especialista en temas educativos, sí es probable que la iniciativa surta los efectos deseados, pues hay una fuerte tendencia a atender a este sector educativo. Dijo que en contraste con la manera en que hace poco tiempo fue aprobada la obligatoriedad de la enseñanza prescolar, en este caso el Legislativo actúo con suficiente prudencia al darse un plazo de 10 años para su cumplimiento.

Sin embargo, advirtió que, para hacerlo efectivo, primero es necesario reforzar los programas de becas estudiantiles destinados a la enseñanza media, con la finalidad de contrarrestar el costo de oportunidad que los estudiantes (o sus familias) tienen que absorber para cursar el bachillerato. En segundo lugar, atender las múltiples causas que puedan existir en la fuerte deserción escolar registrada en este nivel educativo. Y tercero, advirtió en entrevista, es necesario apoyar los procesos de aprendizaje de los alumnos que cuentan con escaso capital cultural, ofreciéndoles un acompañamiento pedagógico de naturaleza extraescolar.

En tanto, Javier Loredo, director del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, aseguró que la reforma aprobada por los legisladores es contradictoria debido a que la SEP no puede cubrir toda la educación a nivel bachillerato. Creo que los diputados ponen la soga al cuello a quienes brindamos servicios educativos, porque otorga la obligatoriedad a un servicio que no se puede cubrir al ciento por ciento.

Señaló que lo mejor hubiera sido fortalecer el nivel de educación básica, donde existe todavía una fuerte deserción entre alumnos de secundaria. Incluso, citó que algunos países desarrollados primero avanzaron en la cobertura del bachillerato y luego la hicieron obligatoria.

En sentido contrario opinó el director general del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, quien dijo que la reforma resulta muy ambiciosa y representa un enorme reto para las autoridades educativas del país. No obstante, destaca que de aprobarse por el Senado y los congresos locales, y una vez inscrita dicha reforma en la Constitución –en el artículo tercero y 33–, eso mismo obligará al Estado a destinarle mayores recursos económicos y atención a la educación media superior. Esto lo vivimos hace 15 años, cuando se hizo obligatoria la secundaria, dijo el director del INEA.

Aplicación del examen a los aspirantes que buscaron obtener en junio un lugar para iniciar estudios de educación media superiorFoto María Luisa Severiano

De acuerdo con datos de la SEP, la matrícula total en 2009 del sistema educativo nacional escolarizado se integraba por 33.8 millones de alumnos, equivalente a 31.6 por ciento de la población del país. En la educación básica, que comprende prescolar, primaria y secundaria, se ubica 75.9 por ciento de la población escolar. La educación media superior representa 11.6 por ciento de la matrícula y constituye el tipo educativo que experimenta el mayor crecimiento en los próximos años, resultado de la gran expansión de la educación básica en los años recientes.

De los egresados de secundaria del ciclo anterior, 96.9 por ciento ingreso al primer grado de bachillerato. La matrícula total de este servicio es de 3.9 millones de alumnos, equivalente a 11.6 por ciento de todo el sistema educativo escolarizado. La cobertura es de 62.3 por ciento respecto de la población total de 16 a 18 años de edad, lo cual implica que unos 3 millones de jóvenes en esta edad –entre 16 y 18 años– no ingresan a ese nivel. Actualmente, la eficiencia terminal es de 60.1 por ciento, cifra muy elevada.

Del total de la matrícula de educación media superior, 42.7 por ciento de los jóvenes asiste a escuelas administradas por los gobiernos estatales; 26 por ciento concurre a servicios de la Federación; 12.8 estudia en escuelas de sostenimiento autónomo (que proporcionan las universidad autónomas estatales), y por último, 18.5 por ciento se refiere a quienes estudian en instituciones privadas.

Aunque el Senado deberá discutir la reforma educativa en el periodo ordinario de febrero próximo, la SEP ya analiza junto con los secretarios de Educación Pública de todos los estados las implicaciones que ello tendría, en una eventual aprobación. Y es que la minuta señala que 30 días después de publicada, la SEP deberá iniciar las transformaciones estructurales necesarias para que la educación media superior alcance la universalización en el ciclo escolar 2021-2022.

Asimismo, la SEP tendrá que poner en marcha nuevos planes, programas y materiales de estudio que tendrían que implementarse para el bachillerato obligatorio. Además, los gobiernos federal, estatal y municipal deberán incluir en su presupuesto recursos para la construcción, ampliación y equipamiento de infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educación media superior.

Como en pocos dictámenes, esta reforma constitucional fue aprobada por unanimidad con 306 a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo cual resulta previsible que tenga problemas en el Senado.