El tema de las adicciones dividió al grupo mayoritario del PRD en la Asamblea Legislativa. Luego de que junto con la oposición aprobó la ley contra las adicciones y la nueva ley contra la discriminación, se presentó –y se avaló– una reforma a la Ley de Justicia Cívica para que se sancione con arresto inconmutable hasta por 36 horas a las personas que sean sorprendidas ingiriendo drogas en la vía pública de esta ciudad.

Valentina Batres, de la corriente perredista Izquierda Social, recriminó a su compañero de bancada Julio César Moreno, de Nueva Izquierda, por estar criminalizando la pobreza con ese tipo de sanciones, a las cuales calificó de fascistas.

Moreno Rivera reviró las críticas al manifestar que se estaba creando un falso debate, pues las modificaciones eran en el ámbito estrictamente administrativo y no penal; sin embargo, no pudo convencer a muchos de los diputados y el dictamen de cambios a la Ley de Justicia Cívica se aprobó con 24 votos de 66 posibles, pues 10 legisladores, tanto del PRD como del PT, votaron en contra, y se manifestaron tres abstenciones.

Antes, el pleno de la ALDF aprobó por unanimidad la nueva Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Sicoactivas del Distrito Federal, que crea un instituto especializado en esa materia y que será el responsable de definir las políticas integrales en cuanto a la atención y prevención de adicciones.

Por otra parte, el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres, consideró preocupantes las modificaciones planteadas por la ALDF a la Ley de Justicia Cívica con el fin de imponer arresto inconmutable de 20 a 36 horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen o aspiren sustancias sicotrópicas, enervantes o tóxicas en lugares públicos.

Los adolescentes que viven en las calles de la ciudad en su inmensa mayoría tienen algún tipo de adicción; si se les aplicara una sanción como la que se propone esas personas estarían permanentemente bajo arresto, por lo que las modificaciones planteadas a la ley deben ser de otro tipo, indicó.

Hacer las reformas tal como se plantean obligaría a las autoridades a arrestar a cientos de jóvenes, tal vez miles, y se les mantendría en los separos, lo que es completamente absurdo e impráctico y suscitaría la extorsión, pues es irrealizable tener bajo arresto a miles de jóvenes en los separos.

Batres señaló que las modificaciones son contrarias a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, la cual señala que el gobierno capitalino debe crear, promover y apoyar por todos los medios a su alcance iniciativas para que los jóvenes tengan las oportunidades y posibilidades de contar con una vida digna.