En menos de una hora, los consejeros nacionales del PRD aprobaron ayer que el cambio de su dirigencia nacional se realice en marzo próximo, gracias a un acuerdo suscrito por los dirigentes de los dos bloques de corrientes que durante meses se disputaron la fecha para ese proceso.

Para algunos, se trata de una especie de tregua antes de entrar –en enero– a la disputa por los cargos, tema que hasta el momento no ha sido tratado oficialmente.

Bajo este esquema, la versión de Dolores Padierna de que alcanzaron consenso para que Lázaro Cárdenas Batel pudiera ser nombrado por unanimidad el sustituto de Jesús Ortega Martínez, se disipó cuando, en entrevista, Jesús Zambrano manifestó que es mentira y no tenemos por qué ir a ofrecerle la presidencia del partido al ex gobernador de Michoacán.

“Eso no está contemplado, y tanto yo como Miguel Barbosa –coordinador nacional de Nueva Izquierda (NI)– y Ortega dejamos claro en una reunión de la Comisión Política Nacional que en ningún momento hemos dicho que estamos de acuerdo con alguien con quien ni siquiera se ha platicado, ni se sabía si quería o estaba dispuesto a jugar esa responsabilidad.

Por tanto –aclaró–, en nuestro grupo vemos que es necesario un acuerdo para nombrar al próximo dirigente nacional del PRD, pero no estamos por tomarlo ya con Lázaro Cárdenas Batel. Vamos a poner cartas sobre la mesa para la búsqueda de ese acuerdo.

–¿A quién proponen?

–(Carlos) Navarrete o yo; son los dos nombres que se han mencionado como propuesta de NI.

Y sabemos que Izquierda Democrática Nacional quiere para Dolores Padierna la secretaría general, aunque también la disputa Alternativa Democrática Nacional.

El diputado apuntó que el acuerdo alcanzado ayer es muy importante porque por primera vez se dejan reglas claras del juego que nos permitirá conducirnos de manera civilizada, sin una confrontación como la que tuvimos en la elección pasada.

Como ya se había adelantado, la reanudación del Consejo Nacional –suspendido en septiembre por diferencias en torno a cuándo debía realizarse la renovación de la dirigencia– se convocó para votar el acuerdo suscrito por los líderes perredistas para llevar a cabo ese proceso en dos etapas: la comisión política nacional, el secretariado, los órganos autónomos y la mesa directiva del consejo, por votación calificada de las dos terceras partes de los integrantes de esta última instancia, a más tardar el 19 de marzo, y en septiembre, como fecha límite, consejos, congresos y órganos de dirección nacionales, estatales y municipales, por votación universal, secreta y directa.

Para emitir la convocatoria correspondiente, se llamará a otra sesión de Consejo Nacional para el 14 y 15 de enero. Ahí mismo se citará –para el siguiente mes– a otro encuentro al mismo nivel, a fin de aprobar, en su caso, un resolutivo que incluya los plazos y modalidades para definir la política de alianzas. Puede ser por consejo o congreso nacional, referendo o plebiscito.

En la breve sesión que este viernes se llevó a cabo en la Expo Reforma, nadie discutió ni impugnó el acuerdo.

Al término, el llamado G-8 –que integran IDN, Democracia Social, Red por la Unidad Nacional de las Izquierdas y Grupo de Acción Política, entre otras corrientes– cerró filas en torno a la precandidatura de la diputada María Elena García Gómez a la gubernatura de Nayarit.

Se les preguntó si no son incongruentes con su posición contra las alianzas PRD-PAN, al apoyar a la legisladora –esposa de Antonio Echevarría, ex gobernador de esa entidad–, quien ya tiene acercamientos con panistas para construir, justamente, un pacto amplio.

La legisladora respondió que todavía no está el acuerdo, pero –aceptó– “estamos platicando con todos los partidos que quieran unirse a esta gran alianza. Son bienvenidos… Vamos a invitar a todos los partidos que se quieran unir para consolidar esta gubernatura en Nayarit”.

–¿Irían sin alianza con el PAN? –se le preguntó a García Gómez.

-Ya se verá –respondió Dolores Padierna.