El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con la reforma que define los derechos humanos como los reconocidos por la Constitución y faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a investigar violaciones graves a las garantías individuales, aunque no se le considera autoridad investigadora y sus conclusiones sobre un caso sólo le permitirán presentar una denuncia penal.

En tribuna, la diputada Enoé Uranga Muñoz (PRD) resaltó que la reforma es un cambio que va contracorriente de la realidad de violación de los derechos humanos, la desaparición de luchadores sociales, la comisión de crímenes de odio y abusos sexuales, que para México constituyen la vergüenza mundial de contar con uno de los peores sistemas de acceso a la justicia, al trabajo, la salud y una educación de calidad.

Más aún, dijo, la reforma corrige el enfoque “de un Estado que perdió de vista que la igualdad ante la ley es condición indispensable para ejercer la ciudadanía, y que si se le niegan –así sea mínimamente– los derechos a la sociedad, de hecho se le niega su condición ciudadana”.

Afirmó que si bien no se trata de una reforma que coloque al país a la altura de otros más desarrollados socialmente, saca a México de dos décadas de atraso en la defensa de los derechos humanos frente a la experiencia mundial.

Al explicar el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI) resaltó que la reforma contiene un espíritu protector; es bondadosa y marcha en la misma vía que las normas internacionales. Es fruto de la participación de organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras.

Detalló que las modificaciones inician con la restructuración del primer capítulo –que se denominará De los derechos humanos y sus garantías, y ya no De las garantías individuales– y del artículo primero.

Mientras, el citado artículo integra los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos y determina la obligación del Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

Expuso que la modificación al artículo 3 determina que la educación deberá fomentar el respeto a los derechos humanos. La modificación al 11 consagra el reconocimiento al derecho de asilo y al refugio, mientras la del artículo 15 prohíbe suscribir tratados que menoscaben los derechos humanos. El artículo 18 se modificó para obligar al sistema penitenciario a organizarse sobre la base de respeto a los reos.

El pleno aprobó reformar el artículo 29 para que aun en situación de excepción no puedan suspenderse los derechos a la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integración personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, de la niñez y políticos, así como las libertades de pensamiento, conciencia y a profesar creencia religiosa; el principio de legalidad y retroactividad, las prohibiciones de la pena de muerte, de esclavitud y servidumbre, y de desaparición forzada y la tortura, así como las garantías judiciales.

El legislador del PRI explicó que ahora el artículo 33 limitará la facultad del Ejecutivo para expulsar a extranjeros, a quienes se les concederá plena audiencia, y que como principio de política exterior se agregó en el artículo 89 respecto a la protección y promoción de los derechos humanos.

El cambio al artículo 97 transfirió de la Suprema Corte de Justicia a la CNDH la atribución de investigar casos graves de violación a los derechos humanos, y finalmente la enmienda al artículo 102 obliga a los funcionarios que no acaten las recomendaciones del ombudsman a dar una explicación pública.