A pesar de las afirmaciones del gobierno de que hay avances significativos en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los feminicidios del Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cierto es que los puntos más importantes de dicho tema no han sido abordados, advirtieron especialistas consultados por La Jornada.

Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló que hay un ambiente de insatisfacción generalizada, porque se nota que las autoridades están cubriendo elementos de forma, pero no de fondo, para dar la apariencia de que han cumplido.

Puntos básicos –subrayó–, como la indagación de la causa de los feminicidios, o el juicio contra los responsables de los asesinatos de Esmeralda Herrera, Laura Ramos y Claudia Ivette González, ocurridos en 2001 en la ciudad fronteriza, aún no se han resuelto.

Además de los anteriores puntos, el gobierno mexicano ha fallado en dilucidar cuál es el destino de las mujeres desaparecidas por casos similares, en castigar a los servidores públicos que hicieron un trabajo deficiente y en brindar protección a los familiares de las víctimas, muchos de los cuales han sido amenazados por su exigencia de justicia.

En esencia, el Estado ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones. Aun cuando ha acatado algunos puntos, el aspecto más importante es el garantizar a la sociedad que esto no vuelva a repetirse nunca más, pero en las investigaciones se siguen cometiendo los mismos errores y negligencias, deploró.

Por su lado, la diputada perredista Teresa Incháustegui celebró que ya se haya cumplido con la indemnización económica a los parientes de las tres mujeres asesinadas y se esté erigiendo el memorial en el sitio donde fueron halladas, pero también señaló que hay elementos importantes de la sentencia que no se han resuelto.

“La disculpa pública a los familiares se sigue regateando, pero la nuez del asunto es la investigación para determinar la verdad sobre los hechos, encontrar y castigar a los culpables, y sancionar a los funcionarios responsables de omisiones. En eso todavía no hay ningún avance.

“Nos alienta que en la parte formal el gobierno dé muestras de que le preocupa, pero la causa de los feminicidios, la discriminación sistemática de las mujeres, la impunidad y la falta de garantías siguen vivas y actuantes”, afirmó.