El fuero constitucional del que gozan diputados y senadores constituye un acto de inmunidad parlamentaria, definido en el artículo 61 de la Carta Magna, el cual señala que los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El retiro del fuero constituye un acto político, detallado en el artículo 111 constitucional, el cual señala que para proceder penalmente contra los legisladores durante el tiempo de su encargo la Cámara de Diputados declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

El séptimo párrafo del artículo 111 explica que el efecto de la declaración de procedencia “será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto…”

Hoy, en sesión extraordinaria a las 16 horas, la Cámara votará el desafuero de Julio César Godoy Toscano.

La sección instructora explica en su dictamen que el propósito de retirar la inmunidad constitucional a un legislador es que no queden impunes los delitos cuya comisión se atribuya a un servidor público que goce de inmunidad para ser procesado penalmente, pero también reconoce que en la historia del país pocos casos de juicio de procedencia se han resuelto por el pleno.

El primero fue en 1982, cuando al senador Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de José López Portillo, se le retiró el fuero por una compra ilícita de barcos en la paraestatal. Presidenciable, Díaz Serrano fue sentenciado a cinco años de cárcel.

El 7 de abril de 2005 la mayoría priísta y panista votó en favor del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por desacato a una orden judicial de detener la apertura de una calle en el predio El Encino, en Santa Fe. El ex candidato presidencial afirmó que se trató de una trama tejida por el entonces mandatario Vicente Fox y Diego Fernández de Cevallos, actualmente secuestrado desde mayo pasado.

Al cerrar la sesión de desafuero, la diputada priísta Sofía Castro gritó: “¡Muera el Peje!”

Un año antes, por el escándalo de recibir dinero del empresario Carlos Ahumada, se aprobó el desafuero del diputado a la Asamblea Legislativa René Juvenal Bejarano, quien en su discurso de defensa acusó a la telecracia de haberlo linchado. Los medios no son jueces ni fiscales. Ahora soy yo; después, cualquiera, dijo.

La Cámara ha dejado congelados otros desafueros, como el del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, por el Pemexgate. También se han dejado archivadas solicitudes de desafuero contra los ex gobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín, por violaciones graves a las garantías individuales, y del secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, por otorgar contratos irregulares para la subrogación de guarderías del IMSS.