El presidente Felipe Calderón y el procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, recibieron el pasado 24 de noviembre un comunicado del Observatorio de los Derechos de los Abogados de Canadá (LRWC, por sus siglas en inglés) que advertía que si el gobierno reiteraba la desacreditada hipótesis del suicidio en el caso de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, estaría otorgando validez a una investigación judicial que estuvo plagada de inconsistencias, que a lo largo de su desarrollo fue desviada y obstaculizada de manera sistemática por distintos actores de las instancias judiciales y militares.

Refrendar el resultado que rindió el anterior procurador de justicia del DF, Bernardo Bátiz, pondrá en evidencia un claro intento de encubrimiento, sostiene la organización canadiense que, junto con otras asociaciones no gubernamentales de derechos humanos internacionales y nacionales, dió seguimiento al proceso de investigación y cuestionó las conclusiones que llevaron al no ejercicio de la acción penal desde 2003. Pero el documento no alcanzó a tener impacto. Antes de que llegara a la opinión pública, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal apresuró el anuncio de la nueva resolución. Apenas dos días después (26 de noviembre) reiteró la determinación de no ejercer la acción penal, ya que la muerte de la abogada veracruzana no fue provocado por terceras personas, sino que fue ella quien se privó de la vida en una acción de tipo suicida.