Integrantes de organizaciones sociales entregaron en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) más de 3 mil 600 firmas con las que demandan al organismo que presione al gobierno mexicano para que resuelva el asesinato de los activistas Beatriz Alberta Cariño y Jyri Jaakkola.

La muerte de ambos ocurrió el pasado 27 de abril de este año, cuando la caravana humanitaria en la que marchaban –para llevar víveres a la comunidad de San Juan Copala– fue atacada por paramilitares, supuestamente adscritos a la Unión de Bienestar de la Región Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Omar Esparza, esposo de Cariño, explicó en entrevista que las firmas recabadas en México y el extranjero por los partidarios del municipio autónomo buscan hacer que el ACNUDH presione a las autoridades judiciales del país, quienes luego de más de ocho meses de investigación no han detenido a los responsables del crimen.

“Es preocupante la situación, sobre todo porque el gobierno federal tiene plenamente identificados a los asesinatos de Bety y Jyri, entre ellos Rufino Juárez, Antonio Cruz, alias El Pájaro, y Anastasio Cruz, pero no ha tomado ninguna medida”, lamentó.

Los partidarios del municipio autónomo se reunieron hace unos días con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien se comprometió a resolver el crimen y a abrir una investigación a fondo. Esperamos que se pueda facilitar que atrapen a los asesinos. No sabemos si va avanzar, pero trataremos de tener confianza.

A pesar de que el anterior gobierno, que encabezó Ulises Ruiz, logró hacer que los pobladores de Copala huyeran de la localidad por la violencia de los grupos armados –lo que provocó el desplazamiento de más de 700 familias–, no ha exterminado el proyecto, porque la autonomía va más allá de quitarlos de su espacio físico. El pueblo se sigue movilizando y estamos convencidos de que la justicia va a llegar.

Martín Velázquez, enlace del movimiento copaleño en el Distrito Federal, denunció que el gobierno mexicano encubre a los autores del asesinato, a pesar de que conoce su identidad, y anunció que si las instancias judiciales del país se agotan, podrían llevar el caso al ámbito internacional.

El abogado David Peña, integrante de la comisión que hizo entrega de las firmas a los representantes de la oficina del ACNUDH, señaló que la reunión con éstos fue interesante y amplia, y en ella se solicitó al organismo que se mantenga vigilante del proceso, sobre todo en lo que concierne a la protección a los sobrevivientes de la violencia y a las investigaciones sobre los paramilitares.

Luego de acudir a la sede del organismo de Naciones Unidas, los activistas se dirigieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República en la colonia Roma, donde reprobaron la tardanza de ésta en sus pesquisas sobre el asesinato.