Ciudad Juárez, Chih., 10 de diciembre. Los gobiernos federal y estatal informaron que hoy se inició la construcción del monumento en memoria de las muertas del Campo Algodonero de Ciudad Juárez, en cumplimiento del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a este caso.

Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Laura Carrera Lugo, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informaron de los avances que el Estado mexicano ha hecho en el cumplimiento de la sentencia del organismo internacional.

El 10 de diciembre de 2009 la CIDH condenó al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos contra Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, tres de las ocho mujeres localizadas muertas en ese lugar en noviembre de 2001.

La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó a la CIDH el primer informe con los avances que el Estado mexicano ha hecho respecto a esta sentencia. Hay muchos avances en el tema, incluso ya se pagaron las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, agregó Zamora Castro.

Para el memorial, detalló, el gobierno federal aportó 10 millones de pesos y el estatal seis millones, mientras el municipio pondrá maquinaria y mano de obra para terminar la obra el 8 de marzo próximo. También hoy se comenzó a construir el Centro de Justicia para Mujeres, del que también se puso la primera piedra.

Con asesoría de organizaciones europeas, este año se estandarizarán las indagatorias en los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, aparte de que se analiza el Protocolo Alba que se pone en marcha cuando se reporta la desaparición de una mujer, dijo el funcionario federal.

Asimismo, ya se formalizó una página con datos de personas desaparecidas en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y se está creando un banco de datos con el ADN de personas desaparecidas.

Vera denuncia limpieza social

En un foro organizado para analizar el tema del Campo Algodonero y la situación de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Elizabeth Flores, de la organización Pastoral Obrera, criticó las actividades que realizaron hoy los gobiernos federal, estatal y municipal, pues buscan solucionar lo material, no los problemas de fondo.

Lo profundo de la sentencia de la CIDH es resolver la injusticia: que se investigue, detenga y castigue a los culpables y a quienes los han protegido. ¿Dónde están los responsables?; ¿qué hace el gobierno en el campo de las investigaciones?, pues la mayoría de los casos siguen impunes, se preguntó.

En su turno, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López dijo que con la excusa del combate al narcotráfico, las autoridades hacen contrainsurgencia, están reprimiendo la protesta social, y yendo contra los defensores de los derechos humanos.

¿Qué está pasando en Ciudad Juárez?, se preguntó. Aquí se pueden ya estar haciendo experimentos, de eliminación de personas, como si hiciera una limpieza social, se respondió.

Ya están surgiendo grupos, que no sabemos para quién trabajan, y que en un momento dado se estén yendo contra los grupos sociales, de manera especial contra los más vulnerables, que son los pobres, agregó Vera.