A casi cinco años de la tragedia en Pasta de Conchos, el gobierno mexicano no ha logrado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cierre el caso. Esta agencia de Naciones Unidas ha pedido de nueva cuenta información acerca de la situación en la región carbonífera de Coahuila, especialmente en lo que se refiere a los centros de extracción irregulares.

De acuerdo con documentos de la OIT, este organismo tomó nota de la falta de coincidencia de datos sobre los puntos de extracción ilícitos, en las estadísticas de diversas dependencias federales como las secretarías del Trabajo y de Economía, y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En estos días, el comité de expertos de seguimiento de convenios y recomendaciones de la OIT estudia, a puerta cerrada, informes acerca de la región carbonífera en México, en el contexto de la tragedia en la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006.

La OIT, con sede en Ginebra, revela la inconsistencia de datos aportados por el gobierno y le recuerda que la prevención de los accidentes laborales no sólo es responsabilidad de los patrones, también del Estado.

Por ejemplo, un reporte de la Secretaría del Trabajo señaló que en la zona carbonífera de Coahuila había unos 60 centros, la mitad de ellos informales, es decir, lugares donde no hay acatamiento a las normas ni a las inspecciones oficiales, lo que redunda en condiciones de inseguridad extrema para los trabajadores.

La organización Familia Pasta de Conchos, instancia que agrupa tanto a los deudos de los 65 mineros fallecidos en febrero de 2006, como a trabajadores de minas subterráneas y tiros verticales (conocidos como pocitos), además de defensores de derechos humanos y laborales, ha entregado puntualmente la documentación e informes requeridos por la OIT.

En el caso del gobierno federal también debe entregar la información requerida. En junio, el comité de expertos precisó al gobierno mexicano lo que se requiere documentar, lo mismo características del accidente que beneficios para los deudos.

Toda esta documentación es analizada por el comité de la OIT, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, y se espera que de inmediato se conozca la determinación de los especialistas a propósito de la información presentada.

Persisten las malas condiciones

La organización Familia Pasta de Conchos advierte que basta revisar las estadísticas oficiales, incluso las más conservadoras de las instancias estatales y federales, para poner en evidencia que pese a la tragedia de 2006, hasta la fecha las afectaciones a los trabajadores de este sector continúan prácticamente en el mismo nivel: enfermedades pulmonares, incapacidades y accidentes.

“La negligencia y omisión se mantienen por parte del gobierno en la medida en que hasta el momento no hay una solución integral a los accidentes en la minería.

No sólo es lo que ocurrió hace casi cinco años, sino la proliferación de situaciones en que la falta de seguridad cobra nuevas vidas. Se calcula que de 2006 a la fecha, luego de la tragedia en Pasta de Conchos, han ocurrido 41 muertes más y casi un centenar de heridos, señaló Carlos Rodríguez, responsable de los Procesos Organizativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral, así como de Pastoral Laboral.

En el informe de la Familia Pasta de Conchos se presenta el diagnóstico anterior, el cual no coincide con las estadísticas del gobierno mexicano.

Nuestra estadística está tomada de los contactos de la organización en los seis municipios de la región, precisó Rodríguez.

Advirtió que el tema de las condiciones de trabajo en la minería del carbón es ya un asunto internacional, un tema que se debate en las instancias más altas que tienen que ver con los derechos humanos y de los trabajadores, lo mismo en organismos nacionales que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, dijo, ha sido muy costoso para la imagen del país; en las últimas dos administraciones la complicidad del gobierno con los particulares, en especial con el Grupo México. Es necesario que la autoridad tome distancia de los intereses empresariales, concluyó.