En lo que el diario The New York Times llamó el caso típico de cerrar el corral ya que el caballo escapó la administración del presidente estadunidense Barack Obama y el Departamento de Defensa ordenaron a cientos de miles trabajadores federales y contratistas no leer ningún reporte que reproduzca los documentos clasificados publicados por Wikileaks y organizaciones informativas del resto del mundo, a menos que dichos trabajadores cuenten con una autorización especial.

“Información clasificada, esté o no difundida en sitios web públicos o por medios de comunicación sigue estando clasificada y debe ser tratada como tal por empleados federales y contratistas hasta que sea desclasificada por las autoridades estadunidenses competentes”, advierte una carta enviada la noche del viernes a la Oficina de Administración del Presupuesto, con la orden de que la prohibición se difunda a todos los niveles del gobierno federal.

La instrucción se aplica tanto a computadoras propiedad del gobierno como a las que los empleados conservan en sus hogares, incluyendo computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y blackberry.

La advertencia, sin embargo, no sugiere bloquear Wikileaks u otros sitios de Internet en sistemas de cómputo del gobierno y no prohíbe a empleados leer artículos derivados del tema. Pero insiste en que si alguien, por accidente, descargó alguno de estos documentos, debe notificarlo de inmediato a sus superiores.

El documento del Departamento de Defensa enfatiza que leer y descargar documentos aún clasificados es una violación a la seguridad.

Marc Rotenberg, director ejecutivo del Centro de Privacidad de la Información Electrónica, un grupo sin fines de lucro que insiste en la necesidad de que el gobierno no mantenga archivos secretos, aseguró que la orden se emitió demasiado tarde como para que se pueda enterrar estos documentos en el pozo de la memoria.

Si bien Rotenberg aclara que su organización no apoyó la difusión del material por parte del portal Wikileaks, se burló de este pensamiento orwelliano de una policía del pensamiento en la era del Internet.

La Biblioteca del Congreso apoyó la orden oficial; ha bloqueado las salas de lectura para visitantes y prohibido que el público haga uso de sus computadoras. Los usuarios son advertidos de que la difusión desautorizada de documentos clasificados no altera el estatus confidencial de dichos documentos ni resulta en su desclasificación automática.